El lunes 16 de abril, a plena luz del día, desde una sala enflorada, los ciudadanos nicaragüenses fuimos asaltados por la dirección del INSS. A partir de julio próximo los trabajadores pagarán el 0.75% más de sus cotizaciones; a los jubilados se les quitará el 5% de impuesto a sus míseras pensiones, que estarán congeladas, pues no se les reconocerá el 5% anual por el deslizamiento de la moneda ni el aumento del salario mínimo.
Además, los empleadores deberán pagar 3.5% más de sus cotizaciones y se elimina el techo salarial para pagar cotizaciones. Por si esto fuera poco, las personas que se jubilen después de junio de 2018 recibirán entre el 15% y 30% menos de su pensión, y quienes tengan Seguro Facultativo pagarán el 4% más de lo que cotizan ahora. Estas decisiones amenazan con aumentar el empleo informal, afectar los costos de producción, reducir la capacidad de consumo, y limitar las oportunidades de empleo a 120 mil jóvenes, que cada año comienzan a buscar trabajo.
La decisión del presidente (Decreto 03-218 del 18-4-2018) de disponer del dinero de los trabajadores, pensionados y empleadores no resolverá la crisis del INSS, pues ya se le inyectó mucho dinero en 2014-2017 (incremento del 3% de las cotizaciones de los empleadores), pero la institución continúa con serios problemas de transparencia, gobernabilidad, fragilidad institucional y crisis financiera mayúscula. A lo que se debe agregar el manejo discrecional de las inversiones y créditos relacionados, y la ignorancia a buenas prácticas de administración. Todo esto se complica al no rendir cuentas, pues se desconoce la existencia de controles internos y externos.
La Seguridad Social en general, y la crisis del INSS en particular, nos atañe a todos los nicaragüenses. Por tanto, a las cuatro reuniones mencionadas por el presidente del INSS con representantes del Cosep y de Fetsalud, CST y Anden, también debieron convocar a los sindicatos independientes, empresas grandes y pequeñas, académicos, investigadores, sociedad civil y partidos políticos. El Cosep rechazó de manera categórica la decisión del Consejo Directivo del INSS del 16-4-18, por no responder a una estrategia de crecimiento sostenido del país, generación de empleo e incentivos a la formalidad. Funides consideró la Resolución 1-317 un paliativo a corto plazo a un problema de fondo que no se quiso resolver, e instó al Gobierno —igual que el Cosep y Amcham— a reconsiderar lo decretado, y dialogar en busca del consenso que urge la nación.
Hay medidas al alcance del INSS que pudieron ser aplicadas antes de aprobar esa resolución draconiana: disminuir el plazo de pago de la deuda del Gobierno de US$500 millones de 50 años a 5 o 10 años; que el Gobierno actualice el pago de su cotización del 0.25% sobre sueldos (no se entera desde el 2014 C$600 mil mensuales); y que se responsabilice del pago de pensiones a los lisiados de guerra y las pensiones reducidas; que los gastos administrativos del INSS se reduzcan del 14% al 6.5%; que se elimine el 14º mes; que se evalúe la legitimidad, rentabilidad, y recuperación de inversiones en empresas, edificios y préstamos relacionados; racionalizar el número de personal (duplicado en los últimos 10 años). Los “ahorros” del INSS han deteriorado el dinero de los asegurados: disminución de medicamentos, o cambio por otros menos efectivos; limitación de exámenes de laboratorio o reducción de su frecuencia.
La crisis del INSS ha sido señalada por académicos, periodistas y los extraterrestres del FMI, quienes en su evaluación anterior pronosticaron que de no aplicarse sus recomendaciones el INSS sería insolvente en 2019. Conviene recordar que en varias oportunidades sus recomendaciones a países miembros han sido poco efectivas y en repetidas ocasiones han generado serios conflictos sociales, propiciando protestas sangrientas. Una vez más el FMI y el Gobierno llevaron su ritual de reuniones a oscuras. Desconocemos su informe, igual la reacción del Gobierno; también ignoramos cuáles recomendaciones anteriores fueron aplicadas y cuáles quedaron pendientes.
La temática actuarial del INSS es poco conocida. Los actuarios fundamentan su intervención en cifras confiables y consistentes. ¿Aplican los actuarios del INSS esta rigurosidad científica? ¿Existen las reservas técnicas necesarias? ¿Son estas reservas adecuadas para cubrir los riesgos de la Seguridad Social?
El Ejecutivo y los directores del INSS son responsables de este caos, por conocimiento de causa, o por ignorancia, por buena o mala fe, pero tarde o temprano deberán dar cuentas a la nación y a la justicia.
El autor es contador.
