“En Nicaragua existe un entorno hostil contra el periodismo independiente, que tiene como acciones más representativas las agresiones físicas, el bloqueo oficial, la intimidación, el acoso y el espionaje, según denunciaron las organizaciones de la sociedad civil”, refiere la relatoría especial Para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual, en el que señala que durante 2017, “continuó recibiendo información preocupante sobre la situación de la libertad de expresión en Nicaragua”.
Esa relatoría recibió reportes durante ese período sobre casos de hostigamientos, estigmatizaciones y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos, igualmente agresiones físicas a periodistas nacionales como extranjeros incluyendo daños a sus equipos audiovisuales, mientras realizaban coberturas de eventos de interés público.
Y que según las organizaciones de la sociedad civil en la mayoría de los casos los agresores están asociados a grupos paramilitares oficiales y a la Policía Nacional, y nunca han sido investigados o detenidos.
Esa relatoría recuerda que con base a la doctrina y jurisprudencia interamericana es obligación de las autoridades prevenir, proteger, investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes.
“Para que exista un debate democrático libre, robusto y sin restricciones, es necesario combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia”, indica el informe.
Y expresa el relator especial que de acuerdo a la información reportada por medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil, “continuaría en el país la práctica de impedir o limitar el acceso libre de periodistas y comunicadores independientes a un amplio rango de actividades oficiales”.
El informe anual de la relatoría especial coincide con lo aseverado por tres periodistas de LA PRENSA durante el foro “Rostros femeninos que desafían el Poder”, en el que expusieron que el acoso, el hostigamiento y el bloqueo es la rutina que enfrentan a diario para poder ejercer su labor.
El foro fue promovido este jueves 22 de marzo por la Universidad Centroamericana (UCA) y la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), en saludo al Día Nacional del Periodista y el Día Internacional de la Mujer, celebrado el primero y 8 de marzo, respectivamente.
La relatoría especial recuerda que en el artículo 13.3 de la Convención Americana se establece que “(n)o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
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Retoma denuncia de LA PRENSA
Igualmente el informe retoma que el 27 de marzo el Diario LA PRENSA denunció en su editorial que “inmediatamente después” de que asistieron a las audiencias de la CIDH para denunciar los problemas vinculados a la libertad de expresión en el país, se habría desencadenado una “fuerte campaña para denigrar” al medio.
“Los ataques se centraron en dos de sus principales exponentes periodísticos: el jefe de redacción, Eduardo Enríquez y el caricaturista Manuel Guillén, sostuvo el medio. La editorial afirmó que el Gobierno de Nicaragua utiliza la estrategia de atacar la credibilidad de los medios independientes para desacreditarlos frente a la opinión pública”, retoma el informe.
Diez años sin ofrecer conferencias
También menciona el informe el hecho que el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, no ha realizado conferencias de prensa abiertas para todos los medios en los más de diez años que lleva al frente del Poder Ejecutivo, igualmente que están impedidos de conceder entrevistas a los medios no oficiales los funcionarios de su Gobierno.
Señala que las limitaciones al trabajo de la prensa independiente ocurren en un contexto en el que la mayoría de los medios de comunicación televisivos y radiales estarían controlados por un duopolio entre el Gobierno y un empresario privado, la distribución de la publicidad oficial carente de un sistema transparente que la regule y asignada principalmente a medios estatales o afines al discurso oficial.
“A su vez, el derecho de acceso a la información pública tiene severas restricciones, pese a existir una ley aprobada hace una década ante una negativa de entregar información son ineficaces para hacer cumplir el derecho de acceso a los organismos estatales”, dice el informe anual de la relatoría especial Para la Libertad de Expresión.
