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Tres grupos de diferentes sectores de a sociedad presentaron este jueves en la Fiscalía nuevas denuncias por la masacre en San Pablo 22, Cruz de Río Grande. LA PRENSA/E. ROMERO

Más denuncias ante Fiscalía para que investigue masacre de Cruz de Río Grande

Fiscalía debe cumplir con lo establecido en la ley como representante de las víctimas, dicen denunciantes

En demanda de justicia por tercera ocasión tres grupos de diferentes sectores de la sociedad se presentaron la mañana de este jueves a la Fiscalía, para denunciar al presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega y al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, por las seis muertes ocurridas en la comunidad San Pablo 22, Cruz de Río Grande, tras un operativo militar.

“Estamos protestando por todos los asesinatos que ha hecho el Ejército, que no los debería hacer por ningún motivo”, expresó Pinita Gurdián quien dijo que su denuncia la presentó como madre y como abuela “pensando en que también a mis hijos y a mis nietos les podría pasar esto mismo, que no podemos seguir estando callados”, pues en Nicaragua no hay pena de muerte ni se somete a los sospechosos a ningún tipo de juicios, sino que “masacran a la gente sospechosa”.

“Primero (deben) ser juzgados y la pena correspondiente, que no es la pena de muerte”, dijo. Bayardo Aguilar por su parte demandó de las autoridades a cumplir con las leyes y a otros ciudadanos los llamó a no ser indiferentes ante este tipo de hechos.

Aguilar llamó a la población a reconocer que “fueron hermanos nicaragüenses los masacrados” por el Ejército de Nicaragua.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), explicó que en su caso la denuncia la presentan en su calidad de ciudadanas y acompañando a Elea Valle “en esa búsqueda de justicia”, en el caso de sus hijos Francisco y Yojeisel Pérez Valle, dos menores muertos en la masacre.

“Exigimos al Ministerio Público inice una investigación de acuerdo a las facultades que la ley establece como representante de las víctimas, porque este es un caso que efectivamente es de mucha gravedad y estamos ante actuaciones que están al margen totalmente de la Ley y en este caso el Ejército de Nicaragua tiene que responder al igual que la Policía Nacional “, demandó Jiménez.

Ana Quirós, manifestó que este hecho ocurrido el 12 de noviembre de 2017 demuestra el desprecio por la vida por lo que demandó a la Fiscalía investigar en detalles lo que ocurrió ese día.

Azahálea Solís recordó que según la ley permite a la población “a ejercer nuestro derecho y además demandar el cumplimiento de su obligación. Yo creo que independiente de que si responden hoy o dentro de diez años, las autoridades competentes de este país, esta denuncia va a tener respuesta (..) independiente de que estas autoridades que están hoy sean cómplices o no de (Daniel) Ortega y del jefe del Ejército (Julio César avilés) “.

Alejandro de la Llana exigió justicia, por las muertes de los hijos de Valle.

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