En la edición de El Nuevo Diario del 5 de febrero, César Zamora, gerente de una empresa generadora, quien se atribuye indebidamente la vocería del empresariado, afirma con mala fe, entre otros disparates, que la reducción del subsidio social bajará la tarifa.
Privar de la posibilidad del consumo de electricidad a los sectores vulnerables no es un objetivo deseable, por nadie racional.
Es evidente para cualquiera que el subsidio a la tarifa social que viene siendo aportado por el Estado y no por los clientes de la distribuidora, no es parte (ni directa ni indirectamente) de los costos energéticos. Los cuales obedecen más bien a la eficiencia o menos con que se desarrollan las actividades de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. El subsidio, en tal caso, favorece dichas actividades.
Por lógica, la mejor alternativa para bajar la tarifa es la de reducir prioritariamente el precio al que se compra la energía a los generadores, que representa el 70 por ciento de los costos tarifarios.
El gobierno decide reducir el subsidio social de la tarifa eléctrica, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la sociedad, y no se atreve a explicar qué condiciones hacen que tal decisión sea coherente con la obligación del Estado de proteger a la población más empobrecida para que acceda a un servicio público elemental en la época moderna, como es el uso de la electricidad, considerado por las Naciones Unidas un derecho humano.
Recurre, entonces, a un personaje útil… que puede decir disparates técnicos sin las consecuencias políticas que se derivarían para un funcionario público. César Zamora asume la autoría, y también la responsabilidad, por las propuestas de leyes que reducen el subsidio social, como si fuese el ministro de Energía, el director de INE y, aún, el presidente del país, todos a la vez.
Dice Zamora: la reducción gradual de los subsidios a la tarifa domiciliar por consumo de energía es uno de los pasos necesarios para hacer viables las inversiones en el sector generador de electricidad.
Significa que el sistema va a ser autosuficiente, y esto genera mayor confianza para los inversionistas. ¿Qué es un sistema autosuficiente? No hay industria o país en el mundo que sea autosuficiente. El paradigma, por el contrario, es planificar encadenamientos virtuosos en ambos sentidos. En la industria eléctrica lo que interesa es que el sistema energético sea sostenible financieramente.
A los empresarios no les compete afectar el subsidio social, sino aportar a la sostenibilidad financiera del sector eléctrico ejecutando su propia actividad con eficiencia.
Lo correcto, para la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, es que el país haga una auditoría técnico económica de las ineficiencias del sector. En especial, respecto a las condiciones anómalas con que se ha producido la expansión del parque generador.
Zamora declara imprudentemente un despropósito mayúsculo. Afirma que si no se reduce el subsidio social los empresarios no invertirán en generación eléctrica, porque tales inversiones no serían viables.
La explicación que ofrece, para tamaña barbaridad, es que los empresarios no confían que el gobierno aporte el subsidio vía Presupuesto de la República. Y que es más confiable, para ellos, que el monto subsidiado lo aporten los sectores carenciados del país.
Efectivamente, Zamora sostiene que habrá más clientes que van a pagar un precio más cercano al costo real de la energía, y que esto genera mayor confianza para los inversionistas porque ellos no estarán dependiendo de si la distribuidora va a tener los recursos del Estado para poder cumplir con todas sus obligaciones.
Bien. Para generar esa supuesta confianza, una forma práctica e inmediata sería garantizar con creces el pago que hará el Estado de los subsidios si elimina los 1,400 millones de dólares que suma la evasión fiscal y las exoneraciones que se concede a los empresarios, como lo reclama, también, en su informe reciente el FMI.
Zamora declara, falsamente, que los empresarios —en principio— están en contra de los subsidios sociales, por la incertidumbre que tales subsidios le producen, supuestamente, a los inversionistas. Pero, que no están en contra de las exoneraciones, que implica un gasto estatal 15 veces mayor. Es, por supuesto, una visión antisocial.
Del resto, la premisa alegre de Zamora de que habrá más clientes que van a pagar un precio más cercano al costo real de la energía, supone que ello se logre simplemente reduciendo el subsidio.
Sería necesario, en cambio, que el precio de la electricidad baje y sea accesible a los ingresos de la población pobre del país (al 39 por ciento de la población bajo el umbral de pobreza y al 7.6 por ciento que vive en pobreza extrema). Sería posible si aumenta la Población Económicamente Activa empleada en el trabajo formal, y si se incrementa la productividad del trabajo. Y si mejora el poder adquisitivo de los salarios, en mayor medida que el alza inflacionaria de la canasta básica. Pero, se trata, en esencia, de modelos distintos de sociedad.
En este último año, el poder adquisitivo del salario aumentó 114 córdobas, mientras el costo de la canasta básica aumentó 328 córdobas. En consecuencia, la reducción del subsidio a la tarifa social ocurre a despropósito, simultáneamente con la reducción del consumo alimentario de la población vulnerable que sufre una disminución creciente de sus ingresos reales.
El autor es ingeniero eléctrico.