LA PRENSA informó la semana pasada que las empresas privadas Servicios Eléctricos Profesionales (Sepsa) y Telecomunicaciones y Fibra Óptica de Nicaragua (Telenicsa), “se han convertido en las principales proveedoras del Estado en banda ancha y suministro e instalaciones de electricidad”.
Esto no tendría nada de particular ni sería noticia, de no ser porque estas empresas han conseguido los contratos multimillonarios con el Estado mediante el procedimiento de contratación simplificada y contratación directa, que es autorizado por la ley únicamente para casos o situaciones de emergencia.
Acerca de esto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, declaró que le han hecho ver al Gobierno la importancia de que la inversión en banda ancha “no venga a competir deslealmente con las empresas del sector privado, que han invertido por muchos años”, según publicó LA PRENSA el jueves 25 de enero. Pero no solo la inversión en banda ancha y suministros eléctricos se debe hacer con base en el principio y ley de la competencia leal, todas las contrataciones del Estado con empresas privadas tienen que hacerse de acuerdo con esa norma.
La competencia desleal está prohibida en Nicaragua, de manera expresa, por la Ley de Promoción de la Competencia. Y si la competencia desleal entre los mismos empresarios es punible, mucho más inadmisible resulta cuando el Estado favorece a determinadas empresas, ya sea porque hay funcionarios que reciben sobornos o porque debido a vínculos políticos se beneficia a unos particulares en perjuicio de los otros; por ejemplo, eludiendo las licitaciones y haciendo las contrataciones de manera directa, aunque los montos de los contratos sean de gran cuantía. En este caso la competencia desleal se mezcla con la corrupción gubernamental.
En sí misma, la competencia desleal es dañina para la confianza, la competitividad y la estabilidad económica. Pero es peor si la promueven desde el Estado. La competitividad, explican los expertos, es la capacidad colectiva de un país para producir bienes y servicios de calidad que compitan exitosamente en los mercados externos, que cada vez son más globalizados y exigentes. Pero la competitividad no se logra solo con la voluntad y el esfuerzo aislado de los productores y proveedores de bienes y servicios. Depende sobre todo de la calidad de las infraestructuras, del precio de la energía, de la preparación de los recursos humanos, del aprovechamiento de la tecnología, del entorno macroeconómico, de la sanidad de las instituciones, de la integridad de los funcionarios y la confianza en el sistema.
La competencia desleal entre los empresarios y la que se promueve desde el Estado, que es más grave, causa la pérdida de confianza con efectos negativos en todo el sistema económico, social y político. Socava las instituciones, degrada la política gubernamental, afecta la economía y carcome como cáncer moral el tejido social.
El Cosep tiene una relación privilegiada con el Gobierno y por eso un mayor compromiso social. Debería aprovecharla para presionar que se elimine la corrupción de la competencia desleal promovida desde el Estado.