El Gobierno cumplió este viernes con la entrega de la parte pecuniaria establecida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con las víctimas del caso Acosta versus Estado de Nicaragua.
María Luisa Acosta viuda de Francisco García Valle, asesinado en abril de 2002, en Bluefields, llevó el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos, ante la falta de justicia en Nicaragua.
Acosta dijo que aunque el Estado le pagó lo concerniente a gastos, costas e indemnización en relación al proceso, esto es una parte de la sentencia. Además de María Luisa Acosta, las otras personas entre los peticionarios que el Estado deberá pagar conforme a la sentencia son: Leonor Valle Estrada, Ana María Vergara Acosta, Álvaro Arístides Vergara Acosta, Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Centro nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y Corte IDH un total en equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial de poco más de 239,000 dólares.
Acosta advirtió que no desistirá en el cumplimiento de la demanda en lo relativo a la investigación del crimen de su esposo, por considerar que existen pruebas suficientes en contra de los sospechosos.
Lea además: Investigar al sistema de justicia, demanda abogada María Luisa Acosta
Por ejemplo, mencionó que el arma con que mataron a su marido era propiedad de uno de los sospechosos intelectuales y que el hombre que lo mató estaba relacionado con el primero. Además Acosta recordó que falta que el Estado de Nicaragua cumpla con la creación de un protocolo de protección para los defensores de derechos humanos.
“Por ejemplo, en un caso, algún incidente, atentado contra ellos o sus familiares, lo primero que tienen que investigar es la relación de los actos que estos defensores están haciendo, porque en mi caso jamás vincularon los jueces de primera instancia, ni de Apelación ni de la Corte Suprema vincularon el caso a Los Cayos Perlas que era el motivo”, explicó Acosta.
Lo que dijo la perito
Durante la audiencia pública realizada a fines del 2016, durante el 56 período extraordinario de sesiones de ese tribunal la perito Claudia Samayoa, dijo que en el caso Acosta no se hicieron las diligencias mínimas de investigación y lo que se hizo fue un proceso de encubrimiento, lo que lleva es a generar impunidad ante hechos futuros.
“Lo que procede es reabrir el proceso de investigación, que se empiece de cero”, recomendó la perito.