Si algo nos queda claro de esta semana que pasó tras releer los editoriales y pensamientos de mi padre en el 40 aniversario de su muerte, es que aún tenemos muchas asignaturas pendientes como nación para que Nicaragua vuelva a ser república. ¿Cuál sería esa república, a que mi padre anteponía el verbo “volverá”?
Quizás nunca lo fue, como argumentan algunos, pero al menos hubo dos períodos en nuestra historia cuando las cosas fueron muy diferentes a como han sido en su mayor parte, plagada de guerras civiles, dictaduras, reelecciones, intervenciones y una dictadura dinástica de 42 años.
Estos dos períodos excepcionales en la historia de Nicaragua fueron los 30 años de los conservadores después de la Guerra Nacional en 1857 y los 16 años a partir de 1990 de lo que se llamó “la primavera democrática de Nicaragua”.
Quizás su común denominador es la no reelección presidencial, asentada como precepto constitucional en la Carta Magna de 1858 después de la Guerra Nacional y manchada únicamente en 1863, por el primer presidente de este período, el general Tomás Martínez, quien al reelegirse contra el mandato constitucional enfrentó la insurrección del general Fernando Chamorro, de su propio partido legitimista (conservador) y del general Máximo Jerez, del partido democrático (liberal).
Martínez logra controlar la rebelión y se mantiene en el poder por un segundo período hasta 1867, pero de allí en adelante hasta 1893, Nicaragua vive un período de 30 años de paz, progreso y de no reelección presidencial en que siete presidentes civiles desfilaron a sus casas tras cuatro años de ser electos, estos son: Fernando Guzmán (1867-1871), Vicente Cuadra (1871-1875), Pedro Joaquín Chamorro Alfaro (1875-1879), Joaquín Zavala (1879-1883), Adán Cárdenas (1883-1887), Evaristo Carazo (1887-1889) y Roberto Sacasa 1889-1893) este último derrocado por la revolución liberal liderada por José Santos Zelaya, quien a contrapelo de la misma Constitución “libérrima” que promulga la revolución, se mantiene en el poder 16 años consecutivos hasta 1909.
El historiador Jorge Eduardo Arellano reconoce el progreso y la estabilidad que experimentó Nicaragua en la época de los 30 años, lo que la convirtió en destino de sucesivas oleadas de inmigrantes europeos, particularmente alemanes e italianos, de la siguiente manera: “La transformación se advirtió especialmente en obras de infraestructura moderna para la época: agua por cañería en las ciudades, la navegación a vapor en los dos lagos, el cable submarino, el telégrafo, el teléfono y sobre todo, el ferrocarril, financiado con fondos propios del Estado e iniciado en el Puerto de Corinto”.
La otra breve república que surge tras una cruenta guerra, con una economía en bancarrota, marca un período de paz, progreso, irrestricta libertad de expresión, elecciones libres, observadas y transparentes, no reelección presidencial, separación de los poderes del Estado, en lo que algunos llaman “la primavera democrática”, inicia el 25 de abril de 1990 tras el triunfo arrollador de Violeta Barrios de Chamorro.
Si mi padre hubiera estado vivo el 10 de enero de 1997, no tengo la menor duda que hubiera dicho, como bien dijo mi madre, al entregar el poder: “Nicaragua ha vuelto a ser República”. En esa época florecieron los medios de comunicación, los partidos políticos, el respeto a las libertades ciudadanas, y se respetó el precepto constitucional de la no reelección presidencial.
Tres presidentes democráticamente electos le sucedieron: Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y Daniel Ortega, pero este último se quedó, primero por una resolución de la Corte Constitucional, que en esencia declaró “inconstitucional” la Constitución misma, y más tarde, ya con el control absoluto de la Asamblea Nacional, con una reforma constitucional que sepultó el precepto de la no reelección, por lo que lleva 16 años en el poder.
Si bien este también ha sido un período de paz social y progreso sostenido, hemos retrocedido en otras asignaturas de la República de Pedro: como la no reelección, elecciones libres y transparentes, independencia de los poderes del Estado, profesionalismo y apartidismo de la policía y las fuerzas armadas, libertad de expresión, la cual implica el libre acceso a la información, honestidad y transparencia en todas las esferas del Estado.
Este año 2018 deberíamos al menos dar el primer paso en la dirección correcta de la República de PJChC: que es devolverle la credibilidad e independencia al poder electoral mediante una reforma a la Ley Electoral y una reestructuración de este poder del Estado.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.