Si el gobierno de Daniel Ortega ignoraba lo que pensamos los nicaragüenses de su Consejo Supremo Electoral (CSE) y de su presidente, Roberto Rivas Reyes, hoy lo sabe.
Las redes sociales, los medios escritos, televisivos y las emisoras del país no paran de comentar la noticia salida de Washington, en donde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordena ingresar a Roberto Rivas a la llamada “lista negra”, como se conoce a la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita a dicho Departamento del Gobierno.
Aparecer en esa lista significa la muerte financiera para quienes tienen el deshonor de estar en ella, ya que es una ley destinada a sancionar a personas o entidades involucradas en actos de corrupción o abusos de derechos humanos alrededor del mundo.
Se sabe que la fortuna de Roberto Rivas incluye aviones privados, vehículos de lujo, una isla en Granada, una mansión en España y otra en Costa Rica, una mansión en las costas de San Juan del Sur y la lista de bienes de Roberto Rivas sigue. Aunque muchos se preguntan cómo hizo semejante fortuna, los nicaragüenses lo sabemos y por supuesto que no desconocemos el nombre de sus protectores.
A mi juicio dos personas están en la mira del pueblo en estos momentos, además de Roberto Rivas; estos son el cardenal Miguel Obando y Daniel Ortega. Estas dos personas han sido por años la fuente de poder de Rivas y, por ende, responsables de que sus abusos no hayan sido castigados hasta el día de hoy.
Pero solamente hablar de Roberto Rivas y su fortuna amasada al amparo del poder, es quedarse corto en los señalamientos. Porque el daño que le ha hecho a Nicaragua desde su posición presidiendo el CSE, al avalar múltiples fraudes electorales, es una infamia que todavía no ha comenzado a pagar. Pues él, los que le acompañan y los que se benefician de sus fraudes, son responsables del retroceso institucional que hemos sufrido. Las muertes que se han dado a raíz de las protestas por los distintos fraudes, tampoco le son ajenas.
La pregunta del millón de dólares es: ¿Que harán con su protegido el cardenal Obando y Daniel Ortega? Los nicaragüenses, la comunidad internacional y por supuesto los Estados Unidos de Norteamérica —país que lo sancionó—, estamos observando y esperando esa reacción. Del Cardenal no espero mucho, pero de Daniel y su Gobierno sí. La lógica indica que los otros magistrados del CSE deben pedir su renuncia, cosa que no harán si no reciben la orden de Ortega. Lo que deja la responsabilidad absoluta del futuro de Roberto Rivas en manos de la pareja gobernante. Si lo mantienen en su posición, tienen que asumir las consecuencias de esa decisión. Si únicamente lo separan y no asumen la responsabilidad de limpiar ese poder del Estado de los corruptos que quedan, equivaldría a decirnos a los nicaragüenses que vayamos olvidándonos de elecciones en el futuro.
Sin importar cuál sea el futuro de Roberto Rivas, el que en verdad está en la picota pública es el Gobierno. No olvidemos que la Nica Act viene en enero próximo y es para Ortega el equivalente a la Ley Magnitsky que le acaban de aplicar a Rivas.
Como nicaragüense que conoce el dolor que causan las guerras, quisiera que Daniel Ortega y su consorte dimensionaran la magnitud del problema que enfrentan y evitaran al pueblo más confrontaciones. La decisión y sus consecuencias serán únicas y exclusivamente de ellos.
El autor es comentarista político.
