En una denuncia pública desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Lea Valle, madre de los dos menores víctimas de la masacre en la comunidad San Pablo 22, en La Cruz de Río Grande, rechazó la versión oficial del Ejército de Nicaragua de que los muertos eran “elementos delincuenciales”. A su vez, denunció la saña con que sus hijos fueron asesinados, demandó la entrega de los cuerpos de sus vástagos y que cese la persecución contra ella.
También aseguró Valle, que “la comunidad pide que ya no se siga eso (la violencia en las montañas), que le digan al señor don Daniel Ortega, que es asesino podemos decir así, que manda a matar a la gente de las montañas”.
Valle denunció que a sus hijos Francisco Alexander y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años respectivamente, como al resto de fallecidos en la masacre, los militares les pusieron paquetes de marihuana para decir que se trataba de delincuentes y que por eso fueron denunciados por miembros de la comunidad.
Un día después de los hechos el jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, aseguró que a los fallecidos les incautaron 20 libras de marihuana.
Lea además: Madre de menores asesinados: “Uno llora cuando dicen ahí viene el Ejército”
“Eso es muy mentira” dijo Valle, quien reiteró que su esposo Francisco Pérez Dávila “andaba alzado en armas”, por la persecución que el Ejército había desatado contra él después que su hermano Rafael Pérez Dávila, conocido como comandante Colocho, se unió al grupo de Enrique Aguinaga, comandante Invisible.
“Yo les digo que es una falsedad porque mi marido no andaba haciendo eso; él andaba en contra de Daniel Ortega por tantas cosas que hay en el país (…) los nicaragüenses ya no aguantamos tanto asesinato que ha habido, tanta violencia que ha habido, le pedimos por favor que no ande haciendo eso don Daniel, que no ande matando, por favor que ya no ande mandando a esa gente a la montaña a asesinar al pueblo, a los campesinos, a los niños”, demandó la denunciante.
Lo que Valle conoció por los lugareños fue que un día antes del ataque del Ejército, el grupo de cuatro armado se habían instalado a orillas de un caño del río 22, junto a una montañita, allí se quedaron a dormir sus hijos con su padre con quien se fueron a encontrar después de dos años de no verlo. Y fue allí donde fueron sorprendidos a eso de las 5:00 a.m., del domingo 12 de noviembre donde afirmó “los agarraron vivitos y los asesinaron a mis niños”.
Pedirán medidas cautelares
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez prometió acompañamiento a la madre de los menores muertos y explicó que entre otras cosas demandarán a la Policía que le garanticen la vida, también solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares a su favor.
Puede leer: Padre e hijos, víctimas del Ejército en La Cruz de Río Grande
Igualmente la acompañarán para que denuncie formalmente el hecho ante la Policía y ante la auditoría militar del Ejército de Nicaragua. “Hay suficientes evidencias para que el caso no quede oculto”, dijo la defensora de derechos humanos.
Hubo saña denunció
A la madre campesina se le quiebra la voz cuando describe la saña con que fueron tratados sus hijos muertos en la masacre, pues según la denunciante su hija de 16 años fue violada y según le relataron los de la comunidad ellos le pusieron el pantalón porque la habían dejado desnuda solo con una camisa “pinta”. Al niño, dice “le pasconearon los costados a puñaladas”.
“La saña y la forma como actúan ya no es de un Ejército profesional, ya prácticamente son acciones vandálicas, perversas criminales que los colocan en un lugar coincidente con la peor comisión de criminalidad”, sostuvo Núñez quien instó a la solidaridad con Valle. “Nos parece grotesca y brutal la salida que usó el vocero del Ejército para tratar de cubrir el delito”, dijo la defensora de derechos humanos.