El gobierno español le recordó este lunes al presidente catalán, Carles Puigdemont, que le quedan tres días para evitar una posible suspensión de la autonomía de su región, y le reprochó no haber contestado a su pregunta de si ha declarado o no la independencia.
La peor crisis política en 40 años de democracia en España continúa así profundizándose, dado el diálogo de sordos entre el gobierno de Mariano Rajoy y el ejecutivo separatista de Puigdemont.
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La batalla se libra al mismo tiempo en los tribunales. Este lunes, el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero quedó en libertad provisional tras declarar por segunda vez ante la Audiencia Nacional, acusado de sedición, pero le retiraron el pasaporte y tendrá que presentarse en el juzgado cada quince días.
Se le acusa de “sedición”, por no haber hecho supuestamente lo necesario a fin de impedir el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, en el que se escudan los independentistas en su lucha por separarse de España.
Rajoy pide claridad
En una sesión parlamentaria confusa, el pasado martes, Puigdemont hizo un amago de declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido del referéndum inconstitucional del 1 de octubre -con 43% de participación y 90% de síes-, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con Madrid.
Rajoy le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia, y le había dado plazo hasta este lunes. Este es el primer paso para aplicar el Artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender la autonomía de una región si desobedece la ley.
En su carta, sin embargo, Puigdemont eludió contestar y ofreció dos meses para dialogar.
“El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, en el Congreso de los Diputados”, dijo la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría.
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Aparte de ella, Rajoy escribió este lunes al presidente catalán, que tiene ahora hasta el jueves para dar marcha atrás.
“Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (…), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere”, escribió el jefe del gobierno español.
Puigdemont por su parte escribió que la “prioridad” de su gobierno es “buscar con toda la intensidad la vía del diálogo”, por lo que “durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar”.
Mireia Boya, una de los 10 diputados regionales del partido independentista de extrema izquierda CUP, esenciales para la supervivencia del gobierno de Puigdemont, reiteró que hay que declarar la independencia para negociar “de tú a tú” con Madrid.
“Nosotros decimos: Negociar siempre, todo, pero una vez reconocidos como sujeto, una vez hayamos declarado la República”, dijo Boya a la radio pública catalana.
Trapero y su subalterna, en libertad provisional
El jefe de la policía catalana seguirá en libertad provisional pese a que la fiscalía de la Audiencia Nacional había reclamado que fuera a prisión a la espera de su juicio por sedición.
Como se mencionara, la jueza prohibió a Trapero salir del país y lo obliga a presentarse cada quince días en el juzgado. La justicia sospecha que la policía catalana siguió directrices políticas y se inhibió ante el hostigamiento a la policía española de centenares de manifestantes, el 20 de setiembre frente a unas dependencias del gobierno catalán.
También quedó en libertad provisional una subalterna de Trapero, Teresa Laplana, sometida a las mismas medidas cautelares.
En el caso de Trapero, comandante de los Mossos d’Esquadra, la acusación de sedición se extiende al 1 de octubre. Y es que según la Guardia Civil, que intervino utilizando la fuerza para tratar de impedir la votación, los Mossos pecaron de inacción.
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También declararon, dos destacados líderes de asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que fueron quienes convocaron y arengaron a los manifestantes ante la consejería de Economía. Se ignora, de momento, qué reclama la fiscalía y la resolución del juez.
El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de prisión.
La presión también viene del mundo económico: ante la incertidumbre política, del 2 al 11 de octubre 540 empresas hicieron gestiones para sacar sus domicilios sociales de Cataluña.
La última en hacerlo, este mismo lunes, fue Codorníu Raventós, una empresa que desde el siglo XVI produce vino en Cataluña y es famosa por su cava, un vino espumoso que compite con el champán francés.