Cuba y Venezuela son considerados países que siguen resistiendo las sanciones económicas de Estados Unidos, por lo cual exfuncionarios no ven a la Nica Act como una solución que obligue al gobierno de Daniel Ortega a reestablecer la democracia en el país.
Henry Ruiz, uno de los nueve comandantes que dirigió el país en los años ochenta, manifestó este viernes que sin la participación del pueblo, las sanciones económicas como la Nica Act “no sirven de nada”.
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Ruiz, un marxista confeso, recordó que países como Cuba y Venezuela son prueba de que las sanciones económicas no obligan a un régimen a restablecer el orden democrático de su país.
Nica Act es “abuso imperial”
Para Ruiz, la Nica Act es un “abuso imperial”. También valoró que se puede ver cómo el gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, ha impuesto sanciones a Venezuela y aún así se mantiene Nicolás Maduro al frente de ese país.
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El exdiplomático Róger Guevara Mena aseguró que en la actualidad Venezuela y Nicaragua son los únicos países que están bajo amenaza de sanciones económicas de parte de Estados Unidos, pero también recordó el antecedente de Cuba, la cual ha sobrevivido más de cincuenta años al bloqueo comercial.
Guevara explicó que Estados Unidos asume una vocación hemiférica de democracia, respeto a los derechos humanos y anticorrupción, sin embargo, recordó que ya existen documentos previos en el derecho internacional para regular estas violaciones.
Guevara valoró principalmente que Estados Unidos por capacidad económica industrial y militar puede sancionar a países que dependen de ellos, como es el caso de Nicaragua.
Nica Act
La Nica Act es una iniciativa de Ley que está en proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Tiene el objetivo de que Estados Unidos vote en contra de los préstamos del Gobierno de Nicaragua ante los organismos multilaterales hasta que se restablezca la democracia.
También mandaría al secretario de Estado, de Estados Unidos, a presentar al Congreso un informe sobre el supuesto involucramiento de altos funcionarios del Estado de Nicaragua en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.
