La crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se agrava de más en más, de manera irremediable, porque el Gobierno no atiende las propuestas de los expertos para enfrentarla y resolverla.
Según las últimas proyecciones de Funides (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social), el déficit del INSS ha seguido aumentando y podría cerrar este año con unos 2,139 millones de córdobas, que significa 1,581 millones más que el año pasado.
En relación con estas cifras es necesario recordar que, en enero de 2007, cuando Daniel Ortega volvió a tomar el poder, recibió el INSS de manos del gobierno saliente con un superávit de 1,180 millones de córdobas.
El gobierno de don Enrique Bolaños y la señora Edda Callejas como presidente del INSS, le entregaron a Ortega una institución de seguridad social solvente, con un razonable gasto administrativo equivalente al 6 por ciento de los ingresos corrientes y una planilla de más o menos 1,200 empleados.
Pero en los diez años del régimen autoritario de Daniel Ortega, los gastos administrativos del INSS aumentaron casi el doble y han llegado hasta el 13 por ciento de los ingresos, una cifra que es totalmente inaceptable. Y la planilla de empleados pasa de 4 mil empleados de los cuales se dice que muchos de ellos son solo activistas políticos del FSLN y el Gobierno, pagados con el dinero del INSS.
Se conoce que en los últimos meses la administración orteguista del INSS ha hecho algunos recortes de gastos administrativos, pero de nada han servido, porque son insuficientes y superficiales pero sobre todo porque no han sido acompañados con las medidas de ajuste, drásticas y urgentes, que la crisis de la institución exige implementar.
“Para Funides —se lee en la información de LA PRENSA, publicada ayer, acerca de la presentación del Segundo Informe de Coyuntura Económica de 2017—, aparte del problema estructural que enfrenta el INSS por el envejecimiento de la población y el incremento de las pensiones que se deben otorgar en el futuro, la entidad enfrenta también problemas derivados del mal manejo de sus inversiones, por lo que recomienda hacer un balance más adecuado de los activos”.
También es necesario corregir otras anormalidades que desangran las finanzas del INSS, como por ejemplo el pago de las pensiones reducidas, que según los expertos el año pasado significó más de 1,300 millones de córdobas. Estas pensiones reducidas, lo mismo que las otras que son de naturaleza e interés político pero se pagan a cuenta del INSS, tienen que ser cargadas al presupuesto general del Estado.
Hay soluciones para la crisis del INSS. El Fondo Monetario Internacional (FMI), los expertos independientes en seguridad social, partidos políticos opositores y diversos organismos de la sociedad civil, han presentado públicamente amplias y razonables propuestas que son ignoradas absolutamente por el Gobierno.
Lógicamente, si la crisis del INSS ha sido causado de manera deliberada por el régimen orteguista, no se puede esperar que él mismo quiera resolverlo. Quisiéramos equivocarnos, pero tenemos la convicción de que con Ortega en el poder el INSS está condenado a colapsar.
