La iniciativa del presidente designado Daniel Ortega, de reactivar el cobro de 17 mil millones de dólares a los Estados Unidos, frenaría todo esfuerzo de que Ortega llegue a un entendimiento con la administración de Donald Trump y más bien aceleraría el avance del proceso de la Nica Act, coincidieron el excandidato presidencial y analista político Edmundo Jarquín, y el excanciller Norman Caldera.
“Mientras, la Nica Act, que fundamentalmente es una iniciativa del Congreso de los Estados Unidos, la decisión de (Ortega) de emprender la demanda por los daños provocados por Estados Unidos durante los años ochenta va a afectar toda posibilidad de que Ortega llegue a un entendimiento con la administración norteamericana”, sostiene Jarquín.
El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la semana pasada, por unanimidad, el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act HR1918, conocido como Nica Act.
El siguiente paso de la iniciativa es la discusión en el pleno del Congreso, cuyo proceso se espera sea antes que concluya el tercer trimestre del 2017.
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En respuesta el gobierno de Ortega desempolvó el fallo de la Corte Internacional de La Haya de 1986 contra Estados Unidos en una demanda que Nicaragua le interpuso por los daños causados en la guerra de los 80.
Ortega alega que Estados Unidos debe pagar a Nicaragua 17 mil millones de dólares a raíz de ese fallo, pero en realidad, La Haya, nunca determinó monto, porque el país retiró la demanda y renunció a cualquier acción posterior durante el período de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
Error político de Ortega
Para Jarquín, la retórica de Ortega es un error político al reclamar directamente al gobierno de Trump la indemnización.
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“Mientras la Nica Act es una iniciativa legislativa, Ortega, con la decisión de reclamar los daños la extiende también al Ejecutivo, que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de definición en relación con Centroamérica o Nicaragua en particular o más concretamente sobre la Nica Act”, expresó Jarquín.
Responsabilidad de Ortega
A juicio del excanciller Norman Caldera, la Nica Act “no afectará” al país si Ortega cumple con respetar el Estado de Derecho y garantiza elecciones municipales transparentes, con la participación de observadores internacionales.
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“Eso depende de que lo que se haga de esta parte (del Gobierno de Nicaragua), si hay elecciones libres la Nica Act no se aplica, si hay un respeto muy claro al Estado de Derecho, no nos afecta”, señala el exdiplomático.
Caldera reitera que el proceso de la Nica Act se origina en la demanda al Estado de Nicaragua de respetar las libertades, así como la restauración del Estado de Derecho.
El objetivo de la Nica Act
La Nica Act, de convertirse en Ley, mandataría al secretario de Estado norteamericano a presentar al Congreso un informe sobre el supuesto involucramiento de altos funcionarios del Estado de Nicaragua en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos. El documento deberá incluir a miembros del CSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Nacional.
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La lista deberá ser presentada en un período de 90 días, después de aprobada la legislación. La Nica Act fue aprobada por el subcomité del Hemisferio Occidental a finales de mayo pasado. Fue presentada con una enmienda que resume las violaciones del gobierno del presidente designado Daniel Ortega, pero no varía el objetivo de legislar para que Estados Unidos se oponga a todos los créditos que realice el gobierno de Ortega, a menos que haya elecciones libres, transparentes y creíbles.