A través del informe Clima de Inversión en Nicaragua 2017, Estados Unidos reiteró a Nicaragua que, conforme lo contempla el Tratado de Libre Comercio entre los estadounidenses con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), tiene la obligación de garantizar los derechos de la propiedad privada de los inversionistas en el país.
Esto se sustenta en las preocupaciones por las invasiones de propiedad de estadounidenses y la falta de acción de las autoridades; así como la incertidumbre que les generan las posibles expropiaciones bajo la Ley del Canal Interoceánico.
William Muntean, consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Managua, explicó a LA PRENSA que las preocupaciones que reportan ciudadanos e inversionistas estadounidenses para hacer respetar su derecho de propiedad en el país son parte de las evaluaciones que anualmente se hace del DR-Cafta.
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“El Gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de América Central, que son parte del Cafta, nos reunimos cada año para discutir la implementación del Tratado y los beneficios y desafíos e investigar lo que podemos hacer para mejorar el sistema del Cafta, el clima de negocios, el clima de comercio bilateral y multilateral. Es parte de nuestras conversaciones”, dijo Muntean.
Trato sin discriminación
El funcionario de la Embajada refirió que en el capítulo 10 del Tratado se regula el tema de las inversiones y además se “establecen las maneras de resolver las disputas entre los inversionistas y el Gobierno” del país donde se considere que no se están respetando las normas del pacto comercial.
En el capítulo 10 del DR-Cafta se establece que los Estados miembros “están obligados a dar condiciones tan favorables a los extranjeros como a sus nacionales”. Y agrega que “se otorgará a las inversiones cubiertas (por el acuerdo) un trato acorde con el Derecho Internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas”.
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El DR-Cafta precisa que “el trato justo y equitativo incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo”. Y respecto a la “protección y seguridad plenas se exige” al Gobierno “otorgar el nivel de protección policial que es exigido por el Derecho Internacional consuetudinario”.
Sin embargo, el informe Clima de Inversión en Nicaragua 2017 se queja que los casos de inversionistas estadounidenses que llegan al sistema judicial no suelen fallarse con base en la Ley, sino conforme el interés político que exista del poder ejecutivo. Se critica también que las órdenes de desalojo de propiedades las obstaculizan las autoridades de las alcaldías y no las cumple la Policía.
En el informe sobre el clima de negocios se indicó que la Embajada de Estados Unidos en Managua “ha recordado repetidamente a las autoridades en Nicaragua de su obligación —bajo el capítulo de Inversión del DR-Cafta— de pagar de manera expedita, apropiada y efectiva cuando una propiedad es expropiada para propósitos públicos”.
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Ciudadanos estadounidenses han informado a su gobierno tener incertidumbre sobre el alcance de las expropiaciones y del precio de compensación de las propiedades bajo la Ley de concesión del Gran Canal.
En el DR-Cafta se deja claro que las propiedades de inversionistas solo se pueden expropiar por “un propósito público” y de darse debe ser “con apego al principio del debido proceso”. La indemnización deberá “ser pagada sin demora” y “equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente” antes que la medida se efectúe.
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Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), explicó que con base en “esas reservas” que hay el DR-Cafta es posible que de formalizarse una queja contra el Estado de Nicaragua por indefensión en derecho de propiedad de los inversionistas, se terminen adoptando sanciones.
“Las inversiones de los norteamericanos están protegidas en el Cafta y aunque lo que contempla el acuerdo son reservas, es decir, recomendaciones de cómo tratarlas, las sanciones las determina la Secretaría de Estado, es decir, el Ejecutivo” estadounidense, si considera que se incumple el acuerdo”, explicó Torres.
A reunión con Embajada
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), informó a través de mensajes de texto, que la próxima semana se reunirán con la embajadora de EE.UU., Laura Dogu, y otros funcionarios para abordar “todos los aspectos que tiene que ver con las empresas” del informe sobre Clima de Inversión en Nicaragua 2017. Leonardo Torres, presidente de Conimipyme, contempla solicitar también una reunión con Dogu sobre el mismo tema.
