Abogados y víctimas de estafa agravada de parte de Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña expresaron que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos se habría comprometido con realizar algunas acciones para después de casi un año de la sentencia que los favorece, se de la subasta de las propiedades decomisadas a los procesados y les paguen la cantidad estafada.
“Rubén Montenegro, secretario de la Corte salió y nos comunicó lo que la magistrada Alba Luz Ramos mandó a decir que ella directamente está atendiendo el caso, que van a desarrollar acciones para que se de la venta de las casas y la restitución del daño económico, asumiendo un compromiso con las víctimas y dar respuesta a las peticiones”, dijo Francisco Mendieta, defensa de al menos cinco víctimas.
Las víctimas recordaron que hace dos semanas habían solicitado un despacho con la presidenta de la Corte o el vicepresidente de este Poder del Estado, para plantearles la problemática y la evidente retardación de justicia con la subasta de las propiedades decomisadas, ya que el próximo 14 de junio cumple un año de haber sido dictada por el juez Octavio Rothschuh.
La sentencia manda a subastar cinco propiedades de Álvaro Montealegre y Roberto Bendaña, quien fue juzgado en ausencia, pues está prófugo de la justicia, desde diciembre del 2013, para poder resarcir el daño económico a las 17 víctimas.
Víctimas positivas
Las 17 víctimas, entre ellos Alberto Eva, uno de los más enfermos producto de las complicaciones del proceso judicial, dicen tener nuevas luces de esperanza a recuperar su dinero, con el compromiso que adquirió la doctora Ramos con ellos.
“Es primera vez que una autoridad de la Corte se refiere de esta forma al caso y nos lo transmite a través del secretario, por eso creemos que habrá solución y estamos satisfechos con la respuesta y el compromiso de la magistrada”, recalcó Mendieta.
Según la sentencia condenatoria, Álvaro Montealegre captó —a través de la empresa International Investment and Financial Services, Inc.— más de cinco millones de dólares de las 17 víctimas, la mayoría de la tercera edad y enfermos, para colocarlos en sus tres empresas: Almori BPO Service S.A., Café Don Paco y Q farmacia, para luego quebrarlas.
3,008,745 millones de dólares es la cantidad que el juez mandó a pagar a las 17 víctimas de estafa agravada, crimen organizado y ofrecimiento fraudulento.
