La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores criticó que el Gobierno pretenda reformas a la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, cuando todavía la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ni siquiera ha resuelto recursos de inconstitucionalidad introducidos en contra del reglamento a la ley. Con las reformas se legaliza contenidos del reglamento, como que el femicidio es limitado a las relaciones interpersonales de pareja en el ámbito privado.
Tanto Flores como el director jurídico de ese organismo, Gonzalo Carrión, coinciden en señalar que con las mismas hay un retroceso en el tratamiento a las víctimas de violencia pues pretenden que los casos sean abordados por un juez técnico. Carrión pregunta que pasará con los jueces especializados en violencia.
Flores destaca que así como está planteada la propuesta de reformas “no solo va a promover la impunidad sino la retardación de justicia para estos casos, (con lo cual) dejarán a las mujeres desarmadas, indefensas, desprotegidas. frente a un Estado que se ha vuelto indolente con los casos atroces registrados en el país”.
Flores apuntó que la ley integral contra la violencia “estaba acorde con los instrumentos internacionales, como la Convención de Belén Dopará, Cedaw que Nicaragua ha firmado y ratificado”.
Recordó Flores que antes de que fuesen nombrados los jueces especializados no solo había revictimización, sino que muchos atrasos al momento de realizar los procesos, porque un juez que conoce de delitos comunes conoce de todo, mientras las víctimas de violencia están sometidas a continuo acoso de los agresores y su familia, para que la víctima desista.
Mientras un juez especializado en violencia el proceso es mucho más rápido pues está más sensibilizado, conoce del círculo de la violencia contra la mujer y cuenta con un equipo interdisciplinario, indicó Flores.
Castigo a agresores
La secretaria ejecutiva de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y Adolescencia (Codeni), Adilia Amaya, dijo que necesitan respuestas.
“Creemos que las penas pueden aumentarse hasta donde sea, lo que necesitamos es que haya persecución a los violadores, a los que han hecho violencia hacia la niños”, dijo Amaya.
Las organizaciones defensoras de mujeres han insistido en que las muertes de mujeres no están siendo tipificados adecuadamente como femicidios. Uno de esos casos señalados es el de Claudia Pérez, considerado por el Ministerio Público como un asesinato.