A raíz de la reactivación del proceso legislativo destinado a aprobar la Ley Nica Act en el Congreso de los Estados Unidos, proceden con actitud pueril los personeros del Gobierno a buscar culpables del posible bloqueo económico sobre Nicaragua. Buscando culpables en el sitio equivocado. Cuando Judas traicionó al Padre también sobraron quienes pretendieron justificar la acción rapaz de este individuo y muy por el contrario, hasta pretendieron culpar a quien era verdaderamente víctima.
De llegarse a aprobar la Nica Act contra nuestro país, el único responsable será Daniel Ortega y la camarilla gobernante. El señor Ortega ha traicionado los principios democráticos y el pueblo que le eligió. Al ascender nuevamente al poder en el año 2007, prometió que gobernaría bajo principios democráticos, lo cual obviamente no ha cumplido. La reelección presidencial aprobada de forma inconstitucional, con una sentencia de sala constitucional que es un adefesio jurídico, y atenta contra la paz social y el Estado de derecho.
En el año 2011, Ortega autorizó el fraude electoral más documentado en la historia nacional, todo con afán de perpetuidad y concentración de poder político y económico. Demás está decir que Ortega ha violado, traicionado, tergiversado los ideales, programa y principios de su mismo partido el FSLN. Otrora partido revolucionario, de orientación económica marxista leninista, y socialmente de izquierda ha derivado en una organización familiar, con un programa económico neoliberal, lo cual no es ningún delito si no fuera porque el neoliberalismo orteguista lo ha implementado para enriquecer desmesuradamente a su cúpula.
La persecución política a los disidentes sandinistas, las bases liberales y democráticas, iniciada desde el año 2008 en las elecciones municipales de ese año, la ejecución sumaria de los líderes alzados en armas contra el gobierno, la represión violenta de las manifestaciones y protestas opositoras son una cruel y descarnada traición del régimen orteguista contra miles y miles de caídos en la guerra de 1979 y de los años 80 que los muertos en su simplicidad de pensamiento luchaban por libertad, igualdad, justicia, amplitud de pensamiento.
No podemos pasar por alto, el tema de la Ley 840 o entrega de la soberanía nacional al inversionista chino Wang Jing con una concesión para la supuesta construcción del Canal Interoceánico que ha sido una mega-estafa a nivel global y que constituyó una concesión tan entreguista del territorio y la soberanía nacional que no existe antecedente de traición a la patria y su integridad.
También el Gobierno privatizó la ayuda venezolana. Ahora que el barco venezolano hace aguas, hay movimientos contables, presupuestarios, que con impunidad van a trasladar al pueblo, al Presupuesto General de la República todo el despilfarro y corrupción de dicha deuda. El desarrollo económico y el avance en infraestructura es mediocre comparado con la Administración Somoza. No compensa todo el daño institucional, retroceso democrático y el costo que podría representar poner fin a la sucesión dinástica de los Ortega-Murillo.
No cabe duda que el único desleal a la patria y sus principios, a la democracia liberal, al Estado de derecho y la supremacía constitucional, a la teoría el estado y el derecho, han sido Ortega y su oligarquía.
El autor es abogado, master en derecho de empresas.
