El diputado sandinista designado, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión económica de la Asamblea Nacional, reconoció este martes que el Presupuesto General de la República (PGR) “tiene fuertes tensiones” para poder asumir las pensiones reducidas que paga el Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS).
“Ustedes lo conocen bien el Presupuesto General de la República, tenemos fuertes tensiones presupuestarias, sin embargo recuérdese que hay una dinámica económica en ciernes y no quisiera tener una reacción previa a esa (propuesta) sin tener los resultados del diálogo”, dijo el diputado Gutiérrez.
El viernes pasado, el representante del FMI en Nicaragua, Fernando Delgado, dijo al presidente designado por el CSE, Daniel Ortega que “el Instituto de Seguridad Social tiene suficientes recursos como para hacer frente a sus obligaciones hasta el año 2019, pero no más allá. Tendremos suerte si en el 2018 conseguimos cerrar bien sin necesidad de recursos del Estado, pero a partir del 2019 claramente se necesita cambiar; se necesitará cambiar algo, porque si no, o no se pagan las pensiones, o las tiene que pagar el Ministerio de Hacienda. Entonces, es el primer riesgo con el que hay que enfrentarse y hay que buscar soluciones”.
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Según datos oficiales de 2015, el INSS pagó 35,264 pensiones a personas que no pudieron cumplir con el número semanas cotizadas para poder jubilarse al cumplir los sesenta años, es decir las 750 semanas cotizadas, medida establecida en el reglamento general de la Ley de Seguridad Social, que fue modificado vía decreto presidencial en 2013.
En mayo de 2015, el Ejecutivo de Ortega calculó que serían beneficiados unos 32,500 adultos mayores en esa condición, cuando además se ordenó el aumento de la pensión en 60 por ciento para estos casos, pasando de 55 millones a 80 millones de córdobas, de acuerdo con la información publicada por LA PRENSA, tras el anuncio de la primera dama Rosario Murillo.
Reforma a ley
Gutiérrez expresó también que una reforma a la Ley de Seguridad Social “es una decisión que sería tomada por la mesa de diálogo entre el gobierno, empresarios y sindicatos”, en base al análisis de que si el crecimiento económico del país genera suficiente recursos presupuestarios para incorporar esas pensiones al PGR, tal como lo propuso el Fondo Monetario Internacional ante la insolvencia del INSS prevista para 2019.
El colega de bancada de Gutiérrez, Wilfredo Navarro, está de acuerdo en que las pensiones reducidas se asuman en el Presupuesto estatal, porque para él el INSS no puede seguir pagando.
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Liberales
El diputado designado por el PLC, Maximino Rodríguez, rechazó la combinación de medidas del FMI para resolver la insolvencia financiera del INSS, y culpó a la actual administración de actuar como “mafia” porque ha usado el dinero de los asegurados para comprar clínicas previsionales que ahora pertenecen a líderes sandinistas.
Rodríguez dijo que el presidente Ortega, con la reforma al reglamento de la Ley de Seguridad, “le robó a los asegurados” un 12 por ciento de su pensión, y que no descarta que nuevamente se apliquen medidas de reformas sin que pase por la Asamblea Nacional.
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“El Seguro Social todos los gobiernos lo han visto como caja chica, y la manera de salvarlo del colapso es que el gobierno, sobretodo este, deje de robarle el dinero, porque es una institución privada, es donde yo deposito mí dinero para tener una pensión cuando me jubile”, dijo Rodríguez.
El legislador del PLC exigió al gobierno transparentar las finanzas del Inss y sacar al supernumerario que le ha creado.