Kosaka Kumiko, una monja católica de origen japonés, fue acusada por la justicia de haber facilitado y consentido las violaciones sexuales de menores en un instituto para sordomudos en la provincia argentina de Mendoza.
La religiosa, de 42 años, fue imputada por un fiscal de “comisión por omisión del abuso sexual con acceso carnal”, entre otros cargos, y quedó detenida en la Penitenciaría de Agua de las Avispas en la ciudad de Mendoza, situada a unos a 1,190 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
Tras permanecer un mes prófuga, la monja se entregó hace tres días en Buenos Aires y, ya detenida, fue trasladada a Mendoza, donde este jueves declaró ante el fiscal, quien le comunicó su imputación.
«No hubo preguntas por parte de Fiscalía ni la querella. Ella testimonió su versión. Negó los hechos y dijo que estaba para servir, hacer el bien y cuidar a los niños», añadieron las fuentes sobre la comparecencia de la monja, que seguidamente fue trasladada a un centro de reclusión penal.
La japonesa está involucrada en el expediente por el que ya hay otras cinco personas detenidas, entre ellas dos sacerdotes, imputadas por varios casos de abuso sexual a menores de entre 10 y 12 años del Instituto Antonio Próvolo para niños hipoacúsicos, situado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
Lea: Papa Francisco critica la “doble vida” de los católicos
Los arrestados son dos sacerdotes -el octogenario Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, de en torno a 55 años- y tres empleados del instituto. Uno de los sacerdores detenidos fue denunciado por los mismos delitos en Italia.
Ocultaba las violaciones
En esta causa, destapada a finales de 2016, una adolescente, que actualmente tiene 17 años, acusó a la monja y dijo haber sufrido abusos de parte de Corbacho cuando tenía 5 años.
La víctima apuntó en su testimonio, en lenguaje de señas, a una monja con «rasgos achinados en el ojo» sobre la que dijo que «fue quien le puso el pañal tras la violación que sufrió ocultando y teniendo conocimiento que había sido violada, lo cual la hace cómplice primario del delito del abuso».
Según las denuncias Kumiko -que posee nacionalidad argentina- también golpeaba a los alumnos, los estudiaba para “entregar” a los más débiles a sus victimarios y los corrompía con prácticas como la visualización de pornografía.
Es por esta razón que la imputación se realiza por «omisión», ya que, aunque no participó en los abusos directamente, sí colaboró por ocultarlos.
Kosaka Kumiko llegó al Próvolo en 2007 y permaneció allí varios años, tras los que pasó por otros centros religiosos.
En diversos allanamientos realizados en ese instituto se encontraron vídeos que contienen supuestamente pornografía y 550,000 pesos» (unos 35,000 dólares).
Los casos conmocionaron a la comunidad educativa y movieron a las autoridades educativas provinciales a tomar medidas en el instituto.
Sacerdote con antecedentes
A partir de ese momento se sucedió una catarata de denuncias de al menos 20 presuntas víctimas y testimonios de unos 100 testigos en contra de Corbacho, de 55 años, del sacerdote italiano Nicola Corradi, de 82, y los exempleados José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez. Los acusados han negado los cargos y todos están confinados en un penal menos Corradi, que goza de prisión domiciliaria por su avanzada edad y problemas de salud.
El nombre de Corradi apareció públicamente en 2009 cuando decenas de sordos italianos del Instituto Antonio Próvolo de Verona dijeron haber sido abusados en dicho centro por 24 curas, laicos y hermanos religiosos desde la década de 1950. La lista de abusadores fue publicada en internet y especificaba que el sacerdote italiano estaba en Argentina.
En 2012 la diócesis de Verona sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito. El nombre del cura volvió a aparecer en una carta dirigida al papa Francisco en octubre de 2014 en la que las víctimas italianas le hacían notar que Corradi estaba en Argentina desde los años ochenta junto a otros tres sacerdotes presuntamente abusadores.
Pero el sacerdote permaneció dirigiendo el instituto para sordos en Mendoza hasta que a fines de 2016 el centro fue cerrado por las denuncias. Una comisión investigadora del Vaticano integrada por sacerdotes argentinos estuvo recientemente en Mendoza para informarse sobre las denuncias contra los curas detenidos.
