Este año veremos una campaña propagandística de Ortega en contra del proyecto de ley estadounidense “Nica-Act”. Exigirá que empresarios, políticos y periodistas pro-gobierno cierren filas denunciando dicha ley. Obviamente el argumento es contundente: aprobándose no solo perjudicaría la “eficiencia” del gobierno de Ortega, sino también a los más pobres del país. Lo anterior es muy cierto, pero no es menos cierto que muchas políticas de Ortega son más nocivas que la iniciativa estadounidense. Más allá de los perjuicios intangibles como la sub-educación, la anarquía jurídica, destrucción de ciudadanía, corrupción, etc., la gestión gubernamental nos está causando afectaciones a la calidad de vida de cientos de miles de nicaragüenses.
Por ejemplo, una de las gestiones más dañinas y cuantificables tiene que ver con las transferencias municipales. El pasado 13 de enero en el programa televisivo Esta Noche, los invitados eran casualmente los alcaldes Oscar Gadea y Luis Ramírez, de Pantasma y Waslala respectivamente. Explicaban los entrevistados que según la Ley 466, los municipios de todo el país tienen derecho a que el Gobierno central les devuelva a cada Alcaldía el 10 por ciento de lo que recaudan en concepto de IVA con el fin de propiciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No obstante, Ortega utiliza esta ley para castigar a los gobiernos municipales opositores, de la misma forma que los Estados Unidos pretenden utilizar la “Nica-Act” para castigar al gobierno de Ortega.
Según el edil, en el municipio de Pantasma existe un déficit de 3,700 letrinas y hay una gran necesidad de centros escolares, Centros de Salud, caminos, puentes colgantes, agua potable y muchas cosas más que podrían ser cubiertas con los fondos que por ley tienen derecho a recibir. Sin embargo, reciben como transferencia un promedio de C$600.00 por habitante para sus 52 mil pobladores, mientras que un municipio vecino con alcalde orteguista recibe C$3,500.00 por habitante para solo siete mil pobladores. En el municipio de El Cuá, también orteguista y casi gemelo de Pantasma, en cuanto a recaudación y población también se nota el desbalance. Mientras Pantasma recibió C$25 millones de transferencia en 2012 y luego C$33 millones para 2016 logrando un incremento del 33 por ciento, el alcalde sandinista de El Cuá recibió para el mismo rango de pobladores un incremento del 100 por ciento equivalente a C$75 millones de córdobas. En los últimos cuatro años, los 52 mil pobladores de Pantasma han dejado de percibir ilegalmente el beneficio directo de 50 millones de córdobas gracias a una revancha política del señor Ortega.
¿Acaso Ortega no se da cuenta que perjudica a los más pobres habitantes del municipio solo porque el alcalde es liberal? Si solo en Pantasma han sufrido el bloqueo de C$50 millones ¿cuánto dinero se ha retenido, perjudicando la vida a más de 900 mil nicaragüenses con alcaldías liberales en todo el país? Hace dos meses la embajada japonesa aprobó un financiamiento de seis millones de córdobas para un proyecto de Saneamiento de Agua Potable en Pantasma que fue bloqueado por el gobierno “cristiano, socialista y solidario”. Muchas ONG son impedidas de conformarse para ayudar a los más pobres. Igual sucedió con la Cuenta Reto del Milenio, cuya segunda etapa habría reconstruido todas las carreteras de Jinotega y Matagalpa.
En el caso de las transferencias municipales, la diferencia con “Nica-Act” es que son impuestos pagados por los mismos nicaragüenses y aquellos son fondos estadounidenses. Además, nuestro verdugo es un nicaragüense y no un presidente extranjero. El “Ortega Act” es el sistema político más cínico y dañino que ha sufrido nuestro pueblo y aún estamos lejos de sentir todos sus efectos.
El autor es administrador de empresas.
