Se comenta con preocupación que las sanciones —por medio de la ley “Nica Act”— que Estados Unidos (EE.UU.) podría aplicar a Nicaragua por los atropellos de Daniel Ortega a la democracia, perjudicarían más a la economía nacional y los pobres del país.
El año pasado la “Nica Act” fue aprobada sin oposición por la Cámara de Representantes, pero ya no hubo tiempo de que el Senado también la aprobara y fuera sometida al poder ejecutivo, para que este la ratificara o vetara.
Los promotores de la “Nica Act” en el Congreso de EE.UU. han dicho que este año volverán a presentarla y que ahora sí será aprobada. Y para tratar de impedirlo, socios económicos y amigos políticos del régimen orteguista esperan viajar a Washington con el fin de cabildear contra esa iniciativa de ley punitiva.
En diciembre pasado Ortega contrató una firma de cabildeo de EE.UU., pero afín al partido Demócrata y no al Republicano que es el que controla las dos cámaras del Congreso y el poder ejecutivo. También con el propósito de evitar que se apruebe la “Nica Act”, Daniel Ortega hizo un acuerdo con la Secretaría General de la OEA para simular que está dando pasos hacia el mejoramiento del sistema electoral de Nicaragua. Ortega supone que los congresistas y senadores estadounidenses son unos tontos a los que engañará con ese acuerdo y no aprobarán la “Nica Act”.
Pero la verdad es que el cabildeo se tiene que hacer en Managua, no en Washington; en la mansión orteguista de El Carmen, no en el Congreso y la Casa Blanca. Si la “Nica Act” es motivada por el atropello de Ortega a la democracia y en particular por la falta de elecciones libres y limpias, para impedir que sea aprobada simplemente hay que celebrar comicios transparentes tan pronto como sea posible.
De manera que no es en Washington donde los socios y amigos de Ortega tienen que cabildear contra la “Nica Act”. Es aquí, en El Carmen de Managua, donde deben convencer al dictador para que cumpla lo que manda la Constitución de Nicaragua y establecen la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Es decir, garantizar que los nicaragüenses voten y elijan en elecciones limpias, vigiladas por observadores nacionales e internacionales.
Si en el Congreso de EE.UU. y la Casa Blanca están decididos a sancionar a Ortega por socavar la institucionalidad democrática y no permitir elecciones libres y limpias, es una ingenuidad creer que eso se podría impedir con un acuerdo tan superficial como el que firmó Ortega con la Secretaría General de la OEA. Y también es ingenuo suponer que porque el presidente Trump es un populista autoritario de derecha, se identifica con Ortega y lo va a proteger.
El mal y su solución están en Nicaragua. Se trata simplemente de restablecer la democracia representativa y el Estado de derecho, comenzando por celebrar elecciones justas y limpias.
