Este 10 de enero el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, asume su tercer periodo consecutivo desde 2007. Diez años después de su regreso al poder, LA PRENSA ha hecho un balance de su administración donde se destacan las diez mejores y las diez peores acciones de su gestión.
1 . Fracaso en combatir la pobreza
Si bien en la última década el gobierno orteguista ha logrado mantener en crecimiento la economía y los indicadores macroeconómicos se mantienen sólidos, esta buena andanza económica no ha mejorado la calidad de los salarios de los trabajadores, tampoco ha podido elevar la productividad, reducir la informalidad laboral y tecnificar la mano de obra.
Además la desigualdad, en lugar de retroceder, se ha incrementado.
Según el último reporte de pobreza del Gobierno en 2016, si bien la tasa de pobreza entre 2009 y 2014 cayó 12.9 puntos porcentuales, el coeficiente de Gini, que mide la brecha entre los ricos y pobres, se deterioró. Y si bien las cifras oficiales reflejan que la pobreza solo azota al 29 por ciento de la población, la calidad de los nuevos “no pobres” ha sido cuestionada por distintos sectores.
La informalidad, donde predominan los salarios precarios, se ha ensanchado.
En 2007, según la empresa privada, la informalidad era de entre 55 y 60 por ciento, pero hasta marzo del 2015 superaba el 80 por ciento. El rostro más visible de esto es que millones de trabajadores no gozan de prestaciones sociales, particularmente de la Seguridad Social. En el caso de los salarios, las cifras oficiales reflejan que el poder de compra de los nicaragüenses ha permanecido estancado: está casi a niveles de 2006. Un año antes del inicio del mandato de Ortega el salario real de los cotizantes al Seguro Social era de 4,204.7 córdobas y hasta agosto del año 2016 el promedio se situó en 4,524.3 córdobas, según cifras del Banco Central de Nicaragua.
2. Partidización de Policía y Ejército
Dos de las instituciones públicas que más han sido cuestionadas durante este período han sido la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, justamente las que deberían ser garantes del cumplimiento de lo establecido en la Constitución y las leyes del país; ambas son señaladas de ponerse a la orden del proyecto dinástico Ortega-Murillo.
Esto se ve reflejado en hechos que se han vuelto comunes: militares haciendo labor de policías o policías cumpliendo actividades partidarias que les lleva a excederse en sus funciones, cometer ilegalidades al obviar procedimientos establecidos para capturas y retenciones de personas y violación de derechos humanos al mantenerlos con detenciones prolongadas y sin brindar información a los familiares de los detenidos.
La politización de ambas instituciones al momento de aplicar la ley les ha llevado a actuar de forma sesgada y parcializada a favor de quienes tienen el poder político y económico, como señala el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, una de las organizaciones que le ha dado seguimiento a la mala actuación de ambas instituciones.
Policías y militares han llegado a incurrir en actos reñidos con la Ley y el Derecho Internacional, como ha sido señalado en múltiples ocasiones con operativos militares en el campo: asesinatos, secuestros, torturas, masacres, así como persecución y represión contra los campesinos anticanal.
A nivel urbano se destacan complicidad policial e institucional con fuerzas de choque del orteguismo para robar y agredir (caso #OcupaINSS en junio del 2013), impunidad y protección a agresores partidarios (motorizados) contra civiles y opositores, violación del marco jurídico para acusar y procesar a opositores, falta de información o manipulación, como en el caso de la masacre de Las Jagüitas (julio del 2015).
El jurista Óscar Castillo señaló que lo más grave que Ortega ha hecho contra la democracia y la institucionalidad de la Policía y el Ejército fue imponer la continuidad del jefe del Ejército, general Julio César Avilés y de la jefa de la Policía, Aminta Granera, para garantizarse la lealtad de estos y de la oficialidad de ambos cuerpos armados.
3. Destrucción del Estado de Derecho
El primer gran golpe que dio Daniel Ortega al Estado de Derecho en Nicaragua fue en septiembre del 2010, cuando utilizó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para reformar de manera ilegal el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua, para permitirle la reelección en los comicios del 2011.
De esta manera una Corte espuria declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección presidencial.
En el 2010, con el afán de más concentración de poder, la Asamblea Nacional, dominada por Ortega, aprobó un paquete de leyes (Ley de Seguridad, Ley de Fronteras y Ley de Régimen Jurídico de Fronteras) donde otorgan grandes potestades al Ejército y Policía, encima de los derechos constitucionales de los nicaragüenses.
No bastándole, con su aplanadora en la Asamblea Nacional en el 2011, Ortega reformó la Carta Magna, modificando el artículo donde da derecho al presidente de la República para legislar en materia administrativa y otras funciones que antes no tenía presidente alguno.
Continuó con la aprobación de más leyes nocivas, como la Ley 840, referente a la construcción del Gran Canal.
Así mismo en estos 10 años ha utilizado el poder judicial para eliminar partidos políticos, rechazar recursos por inconstitucionalidad de las leyes aprobadas, utilizar procesos penales para frenar a quienes se le oponen a su proyecto de Gobierno, como el caso del empresario Milton Arcia, la penalización de la protesta laboral, entre otras violaciones de derechos.
4. Aplazado en Educación y Salud
En una década el gobierno de Daniel Ortega no ha logrado estructurar una política educativa de largo plazo y coherente.
Aunque en 2007 eliminó los cobros en los colegios públicos del país y garantiza merienda escolar y calzado a los estudiantes más pobres, Ortega aplica una política de secretismo en el sistema educativo, que no permite evaluar o medir los resultados de estrategias de Educación, como La Batalla por el Sexto Grado y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en torno a la universalización de la educación primaria.
La calidad de la Educación es cuestionada por organizaciones que trabajan en el tema, además en 2011 el Gobierno aplicó la Estrategia Nacional de Educación, con la que incluyó planteamientos partidarios en el sistema educativo, tergiversando la historia para presentar a Ortega y Murillo como únicos personajes destacados de la Revolución y promoviendo el culto a la personalidad.
Las universidades han perdido su autonomía, el presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) es asesor presidencial y los líderes estudiantiles se han plegado a intereses partidarios.
Del mismo modo Ortega oculta los resultados de las políticas de Salud, los informes epidemiológicos completos fueron eliminados de la página web del Ministerio de Salud, donde solo aparecen notas de prensa y propaganda partidaria.
La “batalla” contra enfermedades como el dengue, neumonía y otros se disipan entre la falta de información y la burocracia.
5. Falta de transparencia pública
A pesar de que la Constitución le asigna la función de fiscalizar los bienes del Estado a la Contraloría General de la República (CGR), en diez años de orteguismo los resultados de sus investigaciones son tan escasos que sus más críticos han señalado que es una institución fantasma.
Entre 2010 y 2015 la CGR impuso sanciones por el orden de 7.4 millones de dólares, es decir, un promedio anual de 1.48 millones, muy por debajo de las denuncias de despilfarro y corrupción orteguista realizadas durante 10 años por los medios de comunicación independientes.
En marzo de 2016 el presidente del ente fiscalizador, el orteguista Luis Ángel Montenegro, dijo durante una comparecencia en la Asamblea que no podían erigirse como jueces de los funcionarios y dejó pasar de largo los señalamientos por enriquecimiento contra algunos jerarcas del partido FSLN y sobre la compra de canales de televisión que dirigen los hijos del mandatario.
6. Abuso en el INSS
Después de 10 años de denuncias sobre la corrupción en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), su salud financiera pasó al primer plano en 2016.
Los especialistas proyectaron en octubre del 2016 que alcanzaría, al término del año, un déficit que superaría los mil millones de córdobas, es decir, unos 30 millones de dólares. Con casos documentados desde 2007 de inversiones nada transparentes —compra de hospitales, inversiones en laboratorios o farmacéuticas— o préstamos a sectores afines al Gobierno, faltaba por conocerse que miembros del sector privado fueron también beneficiados.
Los directivos del INSS autorizaron préstamos concesionales que superaron los 13.8 millones de dólares —poco menos de la mitad del déficit— para la construcción de condominios de lujo en Managua, pese a que la Ley no los facultaba.
El caso más escandaloso, uno de 1.2 millones de dólares, costó el cargo a Alfonso Silva, directivo del sector privado en el Seguro y préstamos a empresas constructoras ligadas al Ejército de Nicaragua.
7. Apropiación de la cooperación venezolana para creación de negocios privados
Diez años después de que Daniel Ortega y Hugo Chávez, entonces mandatarios de Nicaragua y Venezuela, se asociaron para una etapa de cooperación bilateral, más de 3,600 millones de dólares del convenio petrolero fueron privatizados por la familia presidencial de Nicaragua y administrados sin ningún control público.
Aunque fueron planteados como acuerdos de Estado a Estado en 2007, la cooperación petrolera fue canalizada a través de Alba de Nicaragua, SA (Albanisa).
Legalmente, sus socios son la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, dueña del 51 por ciento de las acciones, y su símil nicaragüense Petronic, propietaria del restante.
Sin embargo, pese al aporte de capital del ente nicaragüense, al presupuesto público Petronic le ingresa menos de dos millones de dólares al año.
En cambio, Albanisa se ha erigido sin ningún control del Estado como un sólido conglomerado empresarial y familiar para producir y distribuir energía, así como para controlar la compra, venta, distribución y precios de los combustibles, bajo la colocación de cuadros partidarios y fichas cercanas a la familia presidencial.
Bajo el esquema familia-Estado el negocio petrolero ha permitido la compra de canales de televisión y estaciones de radio, hoteles, redes de gasolineras, empresas de servicios varios, etcétera.
8. Destrucción de la autonomía municipal
Desde el fraude electoral del 2008 en los comicios municipales de ese año, donde el FSLN con complicidad del Consejo Supremo Electoral (CSE) literalmente se robó al menos 40 de las 153 alcaldías, Ortega ha ido desmontando poco a poco la autonomía municipal al reformar la antigua Ley de Municipios y someter las decisiones de las comunidades a los intereses del partido de gobierno. Las arbitrarias destituciones de alcaldes y concejales, la priorización de inversiones conforme al proyecto partidario, el uso de recursos propios de las localidades para movilizaciones del FSLN y la instrumentalización de sus trabajadores para obligarlos a apoyar a Ortega, el bloqueo de recursos e inversiones a alcaldías opositoras son, entre otros, aspectos que dejan en evidencia la destrucción de la autonomía municipal desde la llegada de Ortega, tal como lo analizó para LA PRENSA, en mayo del 2016, el sociólogo Silvio Prado, experto en Municipalismo.
9. Demolición de la institucionalidad
Para el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, en una década de orteguismo se estableció una clara voluntad política de desmontar el sistema democrático e imponer un proyecto
dinástico.
Álvarez identifica seis hechos graves contra la institucionalidad democrática nicaragüense:
1. La instauración de la política sistemática de irrespeto a los derechos humanos.
2. Política de opacidad y corrupción de los recursos públicos.
3. Ataque y represión al derecho a la libertad de información y prensa que se evidencia en la compra y control de la mayoría de canales y radios, discriminación, ahogo y ataque a los medios independientes y la violación expresa a la Ley de Acceso a la Información.
4. Sometimiento de la Policía y del Ejército al servicio de los intereses de Ortega.
5. Aniquilamiento de la autonomía municipal.
6. Destrucción del sistema electoral y judicial.
10. Perversión del poder electoral
Tras ganar los comicios del 2006 con el 38 por ciento de los votos, con un CSE bipartidista gracias al pacto del año 2000 entre el FSLN y el PLC de Arnoldo Alemán, Ortega empezó a depurar a los funcionarios liberales y colocar sus fichas partidarias en los cargos clave del poder electoral.
A los magistrados liberales los alineó a su proyecto, principalmente a Roberto Rivas Reyes, artífice de los fraudes y sobre quien pesaban graves acusaciones de corrupción antes de plegarse al orteguismo.
Según el politólogo José Antonio Peraza, cuando el FSLN retornó al poder en 2007 y ya con el control del CSE, los sandinistas bajaron la orientación de permitir que “todos los sandinistas votaran donde quisieran, aunque no estuvieran registrados”.
Con base en ello se ejecutaron los fraudes electorales del 2008 y 2011 para garantizarse la mayor cantidad de plazas municipales y la mayoría parlamentaria para garantizar la aprobación de leyes mandadas por Ortega para fortalecer su proyecto dinástico.
El CSE, bajo el poder orteguista, se convirtió en un arma para fabricar fraudes, impedir la observación electoral nacional e internacional, imponer y bloquear candidaturas, derogar diputaciones, eliminar partidos opositores y garantizarle espacio a partidos y candidatos zancudo afines al FSLN.
Las 10 buenas obras de Daniel Ortega
1.Estabilidad macroeconómica
En el último decenio la actual administración orteguista ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica que heredó en 2007. El director ejecutivo de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, recuerda que cuando Ortega llegó al poder Nicaragua había recibido por un lado millonarias condonaciones de deuda externa “que le permitió liberar recursos para destinarlos al gasto público interno”. “Además de recibir la casa en orden, la actual administración la ha sabido mantener en orden durante todos estos años.
Ha mantenido inalterable la política cambiaria brindando predictibilidad y estabilidad a los agentes económicos. La inflación se ha mantenido bajo control, aunque mayor a la de los países de Centroamérica debido precisamente al deslizamiento. El déficit fiscal se ha mantenido a niveles aceptables producto de una política de incremento del gasto en función del incremento de los ingresos fiscales”, resalta Chamorro. Y si bien la deuda externa pública oficial ha aumentado desde el 2007, Chamorro afirma que “lo ha hecho de manera paulatina e incluso ha bajado en términos del PIB, lo que hace contribuir la solvencia del país ente los mercados internacionales”.
Además el Gobierno ha sometido a la economía nicaragüense al escrutinio de las calificadoras de riesgos, las que si bien mantienen al país con notas consideradas “basura”, en sus informes calificadoras como Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s “resaltan la estabilidad macroeconómica como un elemento muy positivo”.
La estabilidad macroeconómica ha permitido inclusive que las reservas internacionales brutas en los últimos años casi se dupliquen. Cuando Ortega llegó al poder, las Reservas Internacionales Brutas ascendían a 924.2 millones de dólares y hasta el 31 de diciembre del 2016 alcanzaron 2,447.8 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN).
2. Crecimiento económico
El sostenido nivel de crecimiento económico registrado en los últimos años, empujado principalmente por sectores como la construcción, el turismo, el agroexportador, la construcción y la manufactura en las empresas de zona franca, destaca como uno de los máximos logros de esta administración incluso a nivel regional, ya que prácticamente solo lo ha superado Panamá.
A excepción de 2009, la economía nicaragüense ha crecido a un ritmo de entre 2.9 y 6.2 por ciento entre 2007 y 2016, según datos del BCN.
Este crecimiento le ha valido al Gobierno elogios de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Si bien ese crecimiento se debe en parte a que el manejo económico se ha ajustado a los lineamientos dictados por el FMI, la actual administración se ha visto favorecida por factores externos como los elevados precios de las materias primas y la obtención de financiamientos de la cooperación de Venezuela.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, considera que además de la cooperación de Venezuela y los precios favorables de las materias primas, un elemento esencial en el crecimiento económico ha sido que este Gobierno cuando recibió el poder en 2007 se encontró con condiciones internas económicas que eran “extremadamente favorables”.
3. Viviendas sociales
En el último decenio la construcción de viviendas también ha recibido un fuerte impulso, aunque aún insuficiente para bajar el abultado déficit habitacional.
Según cifras oficiales, desde el 2007 y hasta 2016, el Gobierno y la empresa privada han construido unas 99,646 viviendas, las que resultan insuficientes para reducir la necesidad de vivienda que supera las 900 mil.
Según cifras del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, en el primer período de la administración del Gobierno de Daniel Ortega (2007-2011), el Gobierno y la empresa privada impulsaron la construcción de 38,708 viviendas y entre 2012-2016 se edificaron 60,938 unidades, en su mayoría hechas por la empresa privada.
Este crecimiento habitacional se ha visto favorecido, en parte, según ha destacado la misma Cámara de Urbanizadores y el Invur, por la implementación de políticas de incentivos que permiten que más familias de menores ingresos puedan tener acceso a la adquisición de una vivienda, principalmente las que son consideradas viviendas de interés social.
Solo la empresa privada construye cada año entre 4,000 y 4,500 viviendas. El sector privado ha admitido que para mellar el déficit de vivienda en el país requiere al menos construir unas 10,000 unidades sin incluir la del sector Gobierno.
Hasta 2007 en Nicaragua había un déficit habitacional de 957 mil, de las cuales 348 mil debían ser construidas y otras 609 mil mejoradas o ampliadas, según el informe Nicaragua Triunfa del 28 de febrero 2013, el dato más actualizado.
4. Inversión Extranjera
El entorno económico nacional estable bajo esta administración, así como la percepción de mayor seguridad ciudadana respecto a la creciente violencia en los países del norte de Centroamérica, ha favorecido a la llegada de mayor inversión extranjera directa, cuya tasa de crecimiento inclusive ha llegado a superar a las de sus pares regionales.
Y muestra de esta bonanza en la llegada de inversión extranjera directa, es que cuando Ortega recibió el poder, el saldo de inversión extranjera neta ascendía a 335.3 millones de dólares y hasta 2015 este monto se elevó a 835 millones de dólares, según cifras del BCN.
El mayor pico de inversión se recibió en el 2011, cuando se alcanzó los 967.9 millones de dólares, tras haberse reducido en 2009 a 434.2 millones de dólares, el segundo nivel más bajo en la última década.
Bajo esta administración el empleo y número de empresas en zona franca ha crecido fuertemente desde el 2007. Al término de 2006 la zona franca tenía 99 empresas y hasta septiembre de 2016 había 176. En el caso del empleo, pasó de 76,783 a 112,604 en el período de referencia.
5. Seguridad pública
Una de las principales áreas que el Gobierno ha sabido promover, tanto al interior como hacia el exterior, para mejorar su imagen es el de un país seguro o “el más seguro de Centroamérica”.
Aunque los niveles de violencia o hechos delictivos que afectan a las poblaciones de las principales ciudades del país no son semejantes a los de otros países vecinos en la región, como los del llamado Triángulo Norte, tampoco significa que el país goza de una seguridad absoluta.
Encuestas revelan que en los últimos años se han producido cambios en la percepción de seguridad de la población, relacionados con la violencia generada por pandillas, consumo de alcohol y drogas en la vía pública y robos en sus diferentes modalidades.
En 2007 el país cerró con una tasa de 14 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras en la región el índice de homicidios en El Salvador era de 58; Guatemala 48, Honduras 44 y Panamá 14.
Desde entonces, la Policía ha ido reduciendo la tasa hasta llegar en 2015 a 8.6 homicidios por 100,000 habitantes, considerado por organismos de seguridad como una de las más bajas de América Latina.
La percepción de seguridad, sin embargo, disminuye en la zona rural, donde factores políticos como grupos armados contra el Gobierno han generado reacciones violentas de las fuerzas armadas y represión y persecución a poblaciones campesinas en las zonas de conflicto.
6. Energía y electrificación
Según el Ministerio de Energía y Minas al finalizar 2016 el país alcanzó una matriz energética compuesta un 44 por ciento térmica y 56 por ciento renovable, con la incorporación de proyectos de energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica y biomasa.
El cambio de la matriz surgió a raíz de la crisis de los apagones que afectaron el país en el 2005, cuando la matriz era un 85 por ciento térmica y 15 por ciento renovable.
Paralelo al cambio de matriz, comenzó un avance en la cobertura eléctrica del país. Hace diez años la cobertura de electricidad era del 52 por ciento. En la actualidad es del 90 por ciento.
El incremento se ha logrado gracias a recursos externos provenientes de financiamientos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude).
7. Deporte, política de Estado
La construcción del nuevo Estadio Nacional de Beisbol Denis Martínez y la organización de los Juegos Centroamericanos 2017 forman parte de una política pública más amplia de promoción del deporte del gobierno de Ortega.
En diez años ha construido y remodelado infraestructura deportiva en Managua: gimnasios de voleibol, pesas, gimnasia, estadios infantiles, piscinas…
Desde 2007 el Gobierno, a través del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), ha puesto en marcha un plan de construcción y remodelación de infraestructura deportiva en todo el país, iluminando y remodelando viejos centros deportivos y estadios, así como construyendo áreas deportivas en parques infantiles en la capital y principales municipios del país.
Además de las obras ejecutadas por IND y el apoyo a las federaciones nacionales, por medio del Presupuesto General de la República, constantemente el Gobierno central aprueba partidas extraordinarias para la preparación y participación de selecciones nacionales en eventos internacionales o la organización de estos en el país, como la Copa Alexis Argüello, de boxeo, y el pago de la planilla y gastos operativos del Campeonato Nacional de Beisbol Superior en 18 plazas del país.
8. Desastres naturales
Después de la huella destructiva del huracán Mitch en 1998, que develó un país poco o nada preparado para salvaguardar la vida de las personas ante situaciones de desastres naturales o emergencias, nació el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred).
En el 2007, cuando Ortega llegó al poder, retomó el fortalecimiento del Sinapred y sus órganos internos.
“Se debe de reconocer que en materia de adaptación de la gestión del riesgo se ha avanzado”, consideró el oficial de Cambio Climático del Centro Humboldt, Alejandro Alemán.
Durante este decenio se han modernizado equipos de monitoreo para obtener información sobre los desastres naturales, se instalaron sirenas en las zonas costeras del Pacífico del país, como parte del Sistema de Alerta Temprana (SAT), se han elaborado planes contingentes ante amenazas, se ha capacitado al Estado, las instituciones, comunidades y estudiantes en prevención y se han ejecutado programas de atención ante terremotos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías, incendios y otros, acompañados de componentes de atención humanitaria y seguridad.
9. Infraestructura vial
En 2007 Nicaragua tenía 2,500 kilómetros de carreteras pavimentadas, de los cuales 1,500 estaban en buen y/o regular estado y el resto ameritaba su reconstrucción total. Una década más tarde la red vial se incrementó a 4,000 kilómetros en estado óptimo.
Paralelo a este aumento acelerado de la red vial nacional también se resalta la construcción de puentes, que en los últimos diez años, entre nuevos y reemplazados, superan los 50 viaductos, siendo el más largo y más caro el Santa Fe, colocado sobre el río San Juan y donado por el Gobierno del Japón.
En cuanto a los tramos más importantes desarrollados durante los últimos diez años están: Sébaco-Matagalpa-Jinotega-Waslala y San Pedro de Lóvago-San Carlos, y los caminos vértebra de la ganadería resaltan: Juigalpa, La Libertad, Santo Domingo, El Ayote y Camoapa.
Aparte de estas cifras a nivel nacional, en Managua en los últimos ocho años se han atendido unas 8,000 cuadras con algún tipo de capa de rodamiento y más de 10,000 calles de tierra se han mejorado bajo el programa Calles para el Pueblo.
10. Rescate de la Vieja Managua
Donde por décadas estuvo una de las partes más marginales de la capital, a orillas del lago Xolotlán, Ortega creó hoy una de las zonas de más pujanza turística en Managua, sobre todo en la antigua zona destruida por el terremoto. Más de 300 millones de dólares invertidos en calles, avenidas, parques, puertos, infraestructura turística y deportiva, tiendas, restaurantes, plazas y museos, hacen que el rescate de la Vieja Managua sea, hoy por hoy, una de las 10 cosas positivas del régimen Ortega-Murillo, toda una evidencia física sobre la que se enterró la transparencia, al ocultar cifras, datos, origen y destino de los fondos y auditorías de manejo de los recursos.
