Las políticas extractivistas del Gobierno de Nicaragua de oro, madera, etc.; los monocultivos de palma africana, coco, etc., el megaproyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, o la titulación de tierras con fines clientelistas, se basan en las tierras comunales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Los miembros de la comunidad indígena de Uluse, en el municipio de San Ramón, Matagalpa, han demandado a la Procuraduría General de la República (PGR) cesar el proceso de medición de sus tierras para la ilegal titulación a favor de desmovilizados de la Resistencia y del Ejército. “No queremos que repartan nuestras tierras”, dijo la lideresa Fidelina Guardián, llamando al Estado a respetar la propiedad comunal que les pertenece desde 1907, basada en el título real del pueblo indígena de Muy Muy, que como otros pueblos indígenas compró a la corona española su propia tierra en 1726. Privándolos así de sus medios de vida y subsistencia. Similares circunstancias han denunciado las comunidades indígenas de Chinandega, Ometepe, Rivas, Jinotega, Matiguás; pero además el despojo de tierra va aunado a la falta de reconocimiento de las autoridades tradicionales indígenas, a la creación de gobiernos paralelos dóciles a autoridades partidarias y estatales; y hasta a la muerte en circunstancias indeterminadas de muchos de los líderes indígenas según lo han manifestado líderes de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte; ya que una vez debilitada la estructura interna de las comunidades esto facilita la usurpación de su tierra. En las Regiones Autónomas de la Costa Caribe a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso de la Comunidad Mayangna (Sumo) de Awas Tingni vs. Nicaragua, se aprobó en el 2003 la Ley 445 estableciendo el procedimiento para titular los territorios indígenas y de afrodescendientes. En el año 2005 el gobierno del presidente Bolaños entregó los primeros cinco títulos en Bosawas; y desde el año 2007, el actual Gobierno ha entregado un total de 23 títulos, a 304 comunidades, en una extensión de 37 mil 841.99 km2, que equivalen al 31.6 por ciento del territorio nacional, según datos de la PGR. Sin embargo, una vez titulados estos territorios la invasión de colonos dirigida sobre estos se ha exacerbado.
El Consejo de Ancianos de la Costa Atlántica de la Moskitia de Nicaragua ha expresado que “la situación de las comunidades indígenas se ha complicado”, porque en los enfrentamientos armados los indígenas han recuperado armas de guerra en poder de los colonos. Mientras, “los misquitos expresan categóricamente que van a defender y recuperar sus tierras…”.
Desde septiembre de 2015 hasta la fecha se han contabilizado decenas de muertos y heridos, así como mujeres indígenas violadas; por lo que los indígenas misquitos han abandonado comunidades enteras para refugiarse en el lado hondureño del río Coco (Wanki). Alarmante situación que continúa a pesar de las denuncias realizadas a nivel nacional e internacional por los indígenas, e incluso recogidas por el New York Times a mediados de este año. Mientras, el Estado de Nicaragua hace caso omiso a las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las Medidas Provisionales de la Corte IDH, faltando así a su obligación internacional de prevenir, investigar y sancionar a los responsables; omitiendo salvaguardar los derechos de propiedad e integridad física de los indígenas, y en especial de líderes y autoridades comunales que defienden sus derechos humanos.
La autora es Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).
