Suficientes testimonios, documentos, videos, informaciones de medios escritos y televisivos, recibió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su visita a Nicaragua, lo mismo que los funcionarios de la OEA que se entrevistaron con diversos sectores políticos, empresariales, religiosos, campesinos, y del mismo gobierno inconstitucional de José Daniel Ortega Saavedra, para sacar sus propias conclusiones en relación con que el gobierno de Ortega viola flagrantemente la Carta Democrática de la OEA.
Ortega ha violado la Carta Democrática de la OEA en sus artículos: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 23 al 25 y el 28.
Si el secretario general de la OEA llega a la conclusión de que el gobierno de Ortega es violador de la Carta Democrática de la OEA, como en realidad es, debe convocar a una sesión extraordinaria para resolver el caso de Nicaragua, que sería en el peor de los casos excluir al gobierno de Ortega o sea a Nicaragua de la OEA.
Lo otro sería que Almagro proponga a Ortega a realizar cambios urgentes como reformar la Constitución Política para adelantar para el próximo año 2017 las elecciones de presidente de la República, la nueva Asamblea Legislativa (elegir nuevos diputados) y realizar también las elecciones municipales.
Asimismo, reestructurar todo el Consejo Supremo Electoral (CSE) sustituyendo a los actuales magistrados y funcionarios departamentales y municipales de dicho poder del Estado, con nuevas personalidades de reconocida trayectoria ética y moral, de los diferentes sectores económicos, sociales y políticos. Debe haber pluralidad en los integrantes del nuevo CSE para garantizar imparcialidad de sus miembros para que se respete el voto de cada ciudadano nicaragüense.
Asimismo sustituir el invento orteguista de “acompañamiento” por el de observación electoral nacional e internacional.
Igualmente, que se entregue a todos los ciudadanos que no han recibido sus cédulas de identidad ciudadana, al tiempo de crear un organismo independiente del poder electoral para que tramite las cédulas de todos los ciudadanos nicaragüenses.
Depurar el padrón electoral sacando a todos los ciudadanos difuntos de dicho padrón.
Garantizar que todos los poderes del Estado sean verdaderamente independientes, sobre todo el poder judicial, de tal manera que después de las elecciones la Asamblea Nacional resultante nombre los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de Apelaciones, jueces, de tal manera que la justicia en Nicaragua sea verdaderamente transparente, independiente del poder ejecutivo y que haya verdadera justicia en Nicaragua.
La Asamblea Nacional debe también nombrar los nuevos contralores del país de tal manera que haya una Contraloría General de la República independiente del poder ejecutivo, que garantice la integridad de los bienes del Estado ya que actualmente están pintados en la pared, son orteguistas todos y son cómplices de la actual corrupción gubernamental a todos los niveles.
Almagro debe proponer estas medidas al Gobierno de Nicaragua actualmente inconstitucional, producto de un megafraude electoral y de una farsa electoral, para encauzar a Nicaragua nuevamente por el sendero de la democracia, por la vigencia del Estado de Derecho, por el respeto a los Derechos Humanos de todos y todas las nicaragüenses, realizar nuevas elecciones libres, justas, transparentes, respetar la Constitución Política tantas veces violada por Ortega y sus cómplices para adaptarla a sus propios interés políticos, económicos y sociales. Es decir, encauzar a Nicaragua nuevamente por el sendero de la democracia representativa.
Por supuesto que esto no significa borrón y cuenta nueva. Debe haber una exhaustiva investigación de los bienes del Estado, de cómo han dispuesto Ortega y sus cómplices de nuestros impuestos, de la cooperación internacional sobre todo de la venezolana. Debe haber justicia, es decir no queden impunes todos los delitos económicos, penales, administrativos del actual régimen dictatorial y sancionar conforme nuestras leyes a quienes resulten culpables de dichos delitos.
El autor es periodista.