Hace seis meses era impensable una visita a Managua del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como un equipo técnico de este organismo hemisférico que verifica la crisis política impuesta por Daniel Ortega en el país, según denuncian diversos sectores.
Era el final del día del 3 de junio de 2015. Mientras era ungido como candidato presidencial del FSLN, en clara alusión a la OEA y la Unión Europea, Ortega llamó sin vergüenzas a la observación independiente internacional.
“Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”, dijo Ortega en su discurso ante el Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que este sábado lo designó candidato presidencial por séptima ocasión, según informó LA PRENSA en su ediciones de papel y digital del siguiente día.
“Ahí no hay observación, ni Unión Europea ni OEA, que se vaya a pronunciar… Ellos saben que en Nicaragua se enfrentan a un pueblo que tiene vocación antimperialista”, añadió Ortega.
Para el ex candidato presidencial y economista Edmundo Jarquín, este acercamiento entre Almagro y Ortega, jamás hubiera ocurrido sin la Nica Act, una ley impulsada por congresistas norteamericanos que obliga a Estados Unidos a vetar créditos ante organismos internacionales, salvo si Ortega restituye la democracia.
“Una vez más Ortega ha demostrado que no entiende de razones sino de presiones. La visita de Almagro y el acuerdo que la hizo posible, hubiese sido imposible sin la Nica Act. La Nica Act le transmite a Ortega en un momento vulnerable por la caída de la importación petrolera venezolana, la idea de que se había abierto un franco de vulnerabilidad”, explicó Jarquín a LA PRENSA, luego de presentar en el parlamento costarricense el libro El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?.
“Por tanto, pese a que en julio había pedido la destitución de Almagro en la Asamblea General de la OEA en República Dominicana por la posición que Almagro ha venido sosteniendo con relación a Venezuela, Ortega se precipitó a buscar un acuerdo. Ojalá, sin embargo, este acuerdo termine en la oportunidad que nosotros los nicaragüenses requerimos”, añadió.
Con celeridad y unanimidad, la noche del 21 de septiembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la legislación Nicaraguan Investment Conditionality H.R.5708, conocida como Nica Act; la cual castiga a Daniel Ortega y su gobierno al ordenar que Estados Unidos se oponga a la aprobación de préstamos internacionales a favor de Nicaragua, salvo que el insconstitucional mandatario sandinista restablezca la democracia y realice elecciones libres, justas y transparentes.
Nica Act pide al Departamento de Estado un reporte de los altos funcionarios públicos nicaragüenses involucrados en actos de corrupción que integran el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y Corte Suprema de Justicia, todos manejados por Ortega y “que están directamente involucrados en actos de corrupción pública y violación de derechos humanos”.
Acuerdo debe revisar sistema electoral
Esta ley aún debe ser aprobada por el senado norteamericano y luego sancionada por el Presidente Barack Obama, pero de concretarse, los préstamos anuales superiores a 250 millones de dólares que los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueban para Nicaragua, van a ser bloqueados y también, puede afectar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos conocido como Cafta.
“El acuerdo con el secretario general debe ser un acuerdo de una revisión a fondo de todo el sistema electoral nicaragüense, en ese sentido es una oportunidad. ¿Tiene riesgos? Sí tiene riesgos, pero hay que tratar de maximizar la oportunidad. En el 90 se lograron acuerdos que dieron origen a un sistema electoral confiable que es lo que nosotros estamos esperando”, sostuvo Jarquín.
“Ortega ha demostrado una gran capacidad para reformar la constitución y ley electoral, de modo que así como trasladó las elecciones municipales del 2016, año en que deberían haber sido, al 2017, bien puede reformar de nuevo la ley electoral para que tengamos elecciones generales junto con elecciones municipales el año entrante”, concluyó el político, sobre la consulta de si las recién pasadas elecciones del 6 de noviembre, podrían realizarse nuevamente junto con las municipales del año próximo.
