El Consejo Supremo Electoral (CSE), al asignarle más del setenta por ciento de los votos válidos de las elecciones al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), le aseguró que se quede con la partida más “jugosa” de los fondos públicos destinados para el reembolso por el gasto en la campaña electoral, analizó Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT).
Según Courtney, con base en las cifras del CSE, el FSLN, al tener el 72.44 por ciento de los votos válidos en la elección presidencial, le corresponderían 458.61 millones de córdobas (15.54 millones de dólares) de la partida estatal total destinada para el reembolso a los partidos.
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Con el 15.03 por ciento de votos válidos asignados al PLC le correspondería un reembolso estatal de 3.22 millones de dólares.
Al PLI su 4.51 por ciento de votos le garantiza 960 mil dólares y la ALN obtendrá unos 920 mil dólares por el 4.31 por ciento de votos válidos asignados.
Sin embargo, el Partido Conservador (PC) y a la Alianza por la República (Apre) no tendrían derecho a que se les reembolse el gasto de sus campañas, debido a que sus porcentajes de votos válidos no llegan ni al tres por ciento en la elección presidencial.
Entre tres de los cinco micropartidos, que con su participación validaron los comicios del 6 de noviembre, se repartirían 5.91 millones de dólares del reembolso estatal.
MHCP presupuestó reembolso
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) presupuestó 633.1 millones de córdobas (unos 21.46 millones de dólares) para el reembolso de los gastos de los partidos políticos que participaron en las elecciones nacionales del 2016, aunque el reembolso económico se hará efectivo hasta el próximo año.
¿Cómo justificará el FSLN?
Para Courtney, la gran pregunta a responder es cómo el partido de gobierno FSLN justificará que se gastó más de 15 millones de dólares en su campaña electoral, cuando los cálculos preliminares son que sus egresos fueron por el orden de dos o tres millones de dólares.
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Courtney recordó que durante el proceso electoral la campaña de propaganda y publicidad de los partidos en los medios de comunicación fue escasa, aunque explicó que el gasto total que se les permite reflejar es todo aquello que involucró las elecciones, como la preparación de los fiscales y la movilización el propio día de los comicios.
“En estas elecciones lo que parece ser más difícil, para más de un partido, es poder mostrar suficiente gasto para acceder a ese techo que la Ley Electoral le otorga según su resultado (de votos válidos) obtenidos”, dijo Courtney.
La Ley Electoral (Ley 331) establece en el artículo 99 que el reembolso por el gasto en la campaña “se otorgará a las organizaciones políticas que hayan obtenido al menos el cuatro por ciento de votos válidos y de acuerdo con el porcentaje de los mismos”.
Las elecciones nacionales del 6 de noviembre pasado son consideradas una farsa por la oposición y organismos de la sociedad civil porque se prohibió la observación electoral de credibilidad y se excluyó a la Coalición Nacional por la Democracia, que agrupaba a la fuerza opositora.
A través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por el orteguismo, se despojó de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre, lo que dejó a la Coalición Nacional por la Democracia sin partido con el cual participar en los comicios.
La representación legal del PLI pasó a manos de Pedro Reyes, quien no tuvo el tendido electoral que existió cuando Montealegre lideró ese partido.
Pero como cinco micropartidos participaron en los comicios, estos validaron la elección en la que Daniel Ortega se reeligió para su tercer mandato consecutivo.
EyT: CSE no será exigente
El director ejecutivo de Ética y Transparencia cree que “ese favor” le será devuelto a los micropartidos, por lo que no ve a las autoridades del CSE siendo exigentes al pedirles la rendición de cuentas para sustentar que se les reembolse, de fondos públicos, lo que digan los partidos que gastaron en la campaña electoral.
“Uno esperaría que en el entorno y condiciones en que se dieron las elecciones mismas, donde la satisfacción de los participantes era muy importante para el Estado, me imagino que con esa misma óptica verán su rendición de cuentas”, señaló Courtney.
(Colaboración de Leonor Álvarez).
PC espera su buchaca
Según los datos del CSE, al PC se le asignó 57,437 votos válidos de la elección presidencial, es decir, el 2.3 por ciento del total de la votación, y por tanto, al no lograr el cuatro por ciento mínimo establecido por la Ley Electoral, a ese partido no se le debe reembolsar su gasto de campaña.
Pero Alfredo César, presidente del PC, espera cobrar el reembolso, que estima preliminarmente en medio millón de dólares.
César dijo que el reclamo lo basan en que “si bien en la elección presidencial nuestro candidato Erick Cabezas obtiene 2.3 por ciento, según el Consejo, en la elección de diputación nacional es del 4.4 por ciento” y sobre ese último porcentaje reclamarán el reembolso al Estado.
A la Apre el CSE le asignó 35,002 votos válidos, que significan el 1.4 por ciento. Carlos Canales, presidente y candidato presidencial de la Apre, no quiso hablar con LA PRENSA sobre si le insistirán en que se les reembolse el gasto que hicieron en su campaña.
Manoseo de la Ley 331
La Ley Electoral (331) establecía que el Consejo Supremo Electoral (CSE) debía cancelar la personalidad jurídica de un partido político cuando no lograra obtener el cuatro por ciento de los votos válidos; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia el 22 de agosto de 2002 declarando inaplicable esta disposición de la Ley. Esa sentencia de la Corte mantiene “vivos” a micropartidos, como el Partido Conservador y la Apre, que en la elección presidencial de 2016 no lograron ni el tres por ciento de los votos válidos.
