La primera dama y fórmula presidencial con su marido, Rosario Murillo, ordenó retirar este miércoles la propaganda de los edificios públicos, pero más allá de creer que esto es en cumplimiento del silencio electoral, la exguerrillera Dora María Téllez opinó que se debe a la llegada de la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La delegación de la OEA arribará al país el sábado 5 de noviembre, ha explicado que “hará presencia” el día de las elecciones (6 de noviembre) y se mantendrá en Nicaragua hasta el lunes 7 del mes corriente.
Vea la propaganda del FSLN en imágenes
“Como viene un grupo de la OEA se lo van a llevar a hacer un recorrido y por eso andan quitando la propaganda, para hacerle el teatro a la OEA. Creerán que no hay fotografías de esto y que todos somos unos tontos”, dijo Téllez, disidente del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Orden de limpiar
En un documento que circuló este miércoles por correo electrónico –el cual no fue confirmado por el Gobierno debido a su hermetismo–, dirigido a “los medios sandinistas, gabinete de Gobierno, secretarios políticos y lista de sandinistas”, Murillo ordenó “limpiar todos los espacios”.
“A partir de la medianoche de hoy, todas las instituciones del Estado nicaragüense debemos cumplir con la Ley Electoral de nuestro país, limpiando de propaganda de campaña todos nuestros espacios”, manifiesta la circular.
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La misma tarde de este miércoles los trabajadores del Estado iniciaron la faena de limpieza, según constató LA PRENSA en el Hospital Solidaridad, en Managua.
Murillo explicó en la circular que “es indispensable ser ejemplo en el cumplimiento de nuestras leyes, reglamentos, normativas, que aseguran la institucionalidad y la democracia”.
Si bien la orden de Murillo se anticipa a las 72 horas del silencio electoral, que es cuando tiene que cesar toda actividad de campaña electoral, la propaganda del partido gobernante —con imágenes de Murillo, candidata a vicepresidenta, y su esposo Daniel Ortega, candidato presidencial a la reelección por segunda vez consecutiva—, ha sido exhibida en las oficinas y edificios de las instituciones públicas, las estaciones policiales, los hospitales y las escuelas públicas, lo que claramente violenta la Ley Electoral.
FSLN ya cometió delito
El artículo 107 de la Ley Electoral (331) “prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política” y establece que “en las oficinas públicas no podrá hacerse proselitismo político”.
El uso de los bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política es sancionado con arresto inconmutable de uno a dos años, según el artículo 175 de la Ley Electoral y si estos delitos fueren cometidos por candidatos inscritos, se les cancelará su inscripción como tales y serán inhabilitados para ejercer cargos públicos de uno a tres años, explica el artículo 177 de la misma Ley.
El exdiputado liberal José Pallais Arana manifestó que retirar la propaganda electoral ahora no corrige los delitos en los que ya incurrieron.
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“Ya el delito está cometido, ya hay evidencia abundante a través de fotos y de testimonios, no van a poder engañar a los invitados que vienen a las elecciones”, dijo Pallais.
Pallais también cree que el gobierno de Ortega quiere aparentar ante sus invitados del 6 de noviembre que actúa de acuerdo con la legalidad, porque “hasta ellos (el FSLN) saben que lo que están haciendo falta a la ética”.
Diálogo con OEA
La visita de la delegación de la OEA los días 5, 6 y 7 es parte del proceso de diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y este organismo internacional, mientras la oposición política, excluida del proceso electoral, mantiene una campaña de denuncia contra lo que considera farsa electoral.
El hecho de que hasta hace cinco meses el Gobierno de Daniel Ortega pedía la renuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y ahora se encuentre en un proceso de diálogo con él, hace creer a los opositores que Ortega está presionado ante la amenaza de ser sancionado por la “Nica Act”, una ley que condicionaría los préstamos de organismos financieros internacionales al país, por no cumplir con sus obligaciones democráticas y violar los derechos humanos.
