La audiencia de octubre próximo a la que deberá comparecer el Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Acosta, servirá a los organismos de derechos humanos para demostrar la peligrosidad en que los defensores de derechos humanos realizan la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua.
La presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan), Lottie Cunningham, consideró que el caso de la doctora María Luisa Acosta quien recurrirá a la Corte IDH por el asesinato de su esposo Francisco José García Valle, ocurrido en su casa de habitación en Bluefields, Caribe sur, el 8 de abril del año 2002, es un hecho que se relaciona con la situación actual que enfrentan los defensores de derechos humanos a causa de la falta de saneamiento de las comunidades indígenas en el Caribe, en especial en el norte.
Menciona además la situación enfrentada por defensores de Cejudhcan que han sido amenazados de muerte en los últimos meses por el mismo trabajo que desarrollan en las comunidades indígenas.
“Vamos a demostrar allí como esto se vincula con la labor de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, refirió Cunningham.
En los últimos 15 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos sentencias en contra del Estado de Nicaragua, que en octubre próximo ventilará el caso Acosta, que ha entrado en su etapa final, sobre el cual el Estado de Nicaragua no ha buscado una solución.
Desde 2001
El primer caso por el cual fue recurrido ante la Corte (IDH) fue el de de Awas Tingni por falta de delimitación, demarcación y titulación de su propiedad comunal, en 2001 y en 2005, la sentencia de Yatama relacionada con la exclusión de las elecciones municipales del 5 de noviembre del 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico tras una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE).
En el primer caso la Corte mandó al Estado a demarcar no solo Awas Tingni sino que benefició a todos los territorios de los pueblos indígenas, que fue tras esa resolución que la Corte obligó al Estado de Nicaragua crear un mecanismo, y por lo cual debió emitir la la Ley 445. En el caso de Yatama el Estado no ha cumplido con su obligación de informar a esa Corte sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las reparaciones pendientes de cumplimiento de la sentencia.
Cejudhcan junto al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) emitieron un comunicado a través del cual confirman que la Corte IDH ha convocado al Estado de Nicaragua, a audiencia pública los días 10 y 11 de octubre durante el 56 Periodo Extraordinario de Sesiones a celebrarse entre el 10 y el 14 de octubre de 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador.