Por tercera vez la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de otras dos comunidades miskitas del Caribe norte, cuyos pueblos sufren desde hace mucho tiempo por la violencia provocada con la invasión de colonos a sus territorios, así como para seis personas del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), por considerar “que se encontrarían en una situación de riesgo”.
Las medidas de protección esta vez fueron solicitadas para las comunidades de El Cocal y Naranjal, del territorio Li Aubra, con lo cual suman 12 comunidades para las que la CIDH ha otorgado medidas cautelares en menos de un año.En el caso de las seis personas de Cejudhcan fue porque “recibieron mensajes de texto muy fuerte de amenazas de muerte”, explicó su directora, Lottie Cunningham.
La directora de Cejudhcan expuso que ante el incumplimiento de las medidas cautelares por parte del Gobierno, Nicaragua corre el riesgo de tener una sanción política y económica de la comunidad internacional pues con estas medidas descubren la gravedad de lo que sufren las cumunidades indígenas de Nicaragua.
“Para nosotros es un mecanismo que ante la omisión del Estado nosotros continuaremos (denunciando), va a llegar el momento que se le va a tener que aplicar las sanciones en política y económica que se aplican ante el incumplimiento de los compromisos (…) Nicaragua ratificó la convención americana de Derechos Humanos, tiene que cumplir con esto”, dijo al directora de Cejudhcan.
En la resolución de la CIDH se mencionan una serie de mensajes dirigidos a los defensores de Cejudhcan en el que aparecen como firmantes “los nicas”. Por ejemplo: “Tu cabeza está en mi lista”, “Buscá tu ropa negra, porque tengo una sorpresa para ti…tu cabecita recibirá plomo”, “tu muerte está cerca”.A esto se agrega que en un programa televisivo “un reconocido líder político afin al actual gobierno … presuntamente acusó a Cejudhcande estar involucrado con la crisis que existe en la costa Caribe norte, de instigar la violencia en la zona”.
A través de su resolución la CIDH solicita al Gobierno de Daniel Ortega que dentro del plazo de cinco días le informe sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas así como que actualice la infromación en forma periódica. Y apunta que “el Estado de Nciaragua ha sido omisivo en la implementación de las medidas otorgadas”.
También la CIDH observa que “el Estado no ha aportado ningún informe sobre las medidas de protección implementadas en el presente asunto, a pesar de que debido a supuestos nuevos ciclos de violencia se han reiterado las medidas cautelares y se ha ampliado previamente el universo de beneficiarios”.
Y hace referencia que los solicitantes de las medidas cautelares resaltaron la falta de disposición del Estado de Nicaragua para generar los espacios de diálogo en los que las partes ponderen las estrategias con el fin de lograr una efectiva implementación de las medidas cautelares.
“Toda esa situación de desplazamiento y amenazas colectivas habría impactado a los propuestos beneficiarios negativamente de diferentes maneras”, destaca la CIDH que ejemplifica en la falta de alimentos, de acceso a la educación por parte de los niños, pérdida de sus viviendas y ambiente de zozobra de los indígenas que les impide movilizarse libremente.
De una población de 10,800 personas en territorios indígenas de WangkiTwi-Tasba Raya, Li Aubra y Lilamni Tasbaika Kun, al menos 3,000 han sido forzadas a abandonar sus hogares. “Los colonos prohibirían a las personas indígenas a regresar a sus parcelas lo que les impediría a cultivar o cosechar productos agrícolas, ‘lo cual está exacerbando la crisis alimentaria'”, indica la CIDH en su resolución que a su vez refiere que también los desplazados en otras comunidades no cuentan con alimentos o medios de subsistencia. Muchos de ellos permanecen en Honduras, donde apunta la CIDH que pese al apoyo del gobierno del vecino del norte, “ya se habría reportado que por lo menos cuatro niños han fallecido por desnutrición”. La cifra podría ser mayor dado que existen muchas dificultades para obtener una información real de los desplazados.
Las cuatro primeras comunidades para las que la CIDH otorgó medidas cautelares fueron La Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, del territorio indigena Wangki Twi Tasba Raya, donde habitan unas 1,500 personas. En enero amplió las medidas cautelares para otras seis comunidades ante el recrudecimiento de la violencia en Li Aubra y Lilamni Tasbaika Kum. En total se calcula que al menos 3.000 personas de los territorios indígenas Wangki Twi-Tasba Raya, Li Aubra y Lilamni Tasbaika Kum han sido forzadas a dejar sus hogares, lo que significa casi una tercera parte de la población indígena total de estos territorios, dice un comunicado de Cejil.
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SECUESTROS, ASESINATOS Y ATAQUES SEXUALES
Un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) indica que la causa de estos desplazamientos forzados es la sucesión de numerosos actos de violencia de parte de personas no indígenas que han ocupado ilegalmente este territorio en el Caribe norte. Se han documentado varios secuestros, ataques armados a comunidades, asesinatos, ataques sexuales a mujeres indígenas, quemas de cosecha y hostigamiento, entre otros, señala Cejil.
“Desde Cejudhcan y Cejil exhortamos a las autoridades nicaragüenses a cumplir con sus obligaciones de proteger a los pueblos indígenas y garantizar sus derechos sin discriminación alguna. En especial, hacemos un llamado para que se establezcan canales de diálogo transparentes que permitan superar esta crisis lo antes posible”, declaró Marcia Aguiluz, directora del programa de Cejil para Centroamérica y México, en representación de ambas organizaciones.
Cunningham dijo que los organismos internacionales de derechos humanos están preocupados por la situación de Nicaragua sin que el Gobierno cumpla con sus compromisos.
Ante la omisión del Estado de implementar medidas cautelares esto se agrava en las condiciones de vida de las comunidades.
MENSAJES AMENAZANTES
En el caso de las seis personas de Cejudhcan beneficiadas con medidas cautelares, la resolución de la CIDH establece que “recibieron mensajes de texto muy fuerte de amenazas de muerte”, explicó su directora, Lottie Cunningham.
En la resolución de la CIDH se mencionan una serie de mensajes dirigidos a los defensores de Cejudhcan en el que aparecen como firmantes “los nicas”.
La CIDH menciona en la resolución algunos de los mensajes de texto recibidos por los defensores de Cejudhcan: “Tu cabeza está en mi lista”, “Buscá tu ropa negra, porque tengo una sorpresa para ti (…) .tu cabecita recibirá plomo”, “tu muerte está cerca”.
.A esto se agrega que en un programa televisivo “un reconocido líder político afìn al actual gobierno (…) presuntamente acusó a Cejudhcan de estar involucrado con la crisis que existe en la costa Caribe norte, de instigar la violencia en la zona”.
