En su obra Enciclopedia de la Política, el expresidente de Ecuador, profesor universitario de Derecho y tratadista de la ciencia política, Rodrigo Borja, define claramente el abstencionismo electoral .
“El abstencionismo no se refiere a la ausencia del elector por motivos de enfermedad, defectos censales u otras razones ajenas a su voluntad”, dice el enciclopedista Borja. “El abstencionismo electoral es una actitud querida y premeditada (del ciudadano), que con su silencio o pasividad expresa una voluntad política de rechazo a los partidos, a los candidatos o al sistema mismo. El abstencionismo se presenta, por tanto, como un acto de desobediencia cívica o de protesta contra el orden político existente”.
Según este criterio no es apropiado contraponer la abstención con la anulación del voto. La abstención es un rechazo a la farsa electoral y la anulación del voto es la forma de abstenerse de quienes votan por obligación, pero anulan el voto para expresar su disidencia y protesta. Nos referimos a los empleados públicos, que si no van a votar pierden el empleo y el sustento de sus familias.
Sin embargo, quienes van a votar cuando no hay una verdadera elección sin tener la obligación de hacerlo porque no son empleados públicos, aunque vayan para anular el voto sin quererlo ayudan al régimen dictatorial que monta la farsa electoral, a aparentar que ha habido una gran votación y por tanto los comicios son legítimos.
En realidad, de acuerdo con el principio señalado por Rodrigo Borja, de que la abstención es un acto de desobediencia cívica contra un sistema dictatorial, la mejor manera de que los ciudadanos demuestren su repudio a la farsa electoral es dejando que los centros de votación se vean vacíos de votantes.
Así ocurrió en 1974, después de que 27 dirigentes democráticos encabezados por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y Ramiro Sacasa Guerrero proclamaron que no había por quién votar, llamando de ese modo a la abstención en la farsa electoral montada por el dictador Anastasio Somoza Debayle para consumar su reelección. El día de aquella farsa electoral los centros de votación estuvieron vacíos. Solo fueron a votar los somocistas, los pocos seguidores del partido zancudo y los empleados públicos, estos para evitar las represalias.
Algo semejante volvió a ocurrir el 4 de noviembre de 1984, cuando las primeras elecciones sandinistas en las que no se dejó participar a la verdadera oposición democrática. Y eso mismo debería ocurrir ahora, con la farsa electoral del 6 de noviembre.
Los partidarios del Frente Sandinista y de los grupos políticos que lo acompañan en la pantomima electoral que está en curso, tienen derecho de votar y nadie se los puede ni debe cuestionar. Como han dicho los obispos, cada ciudadano tiene la responsabilidad de decidir de acuerdo con lo que le dicte su conciencia.
Pero quienes tienen la convicción de que el 6 de noviembre no habrá elecciones sino una farsa electoral, también tienen derecho de abstenerse. Y mostrar de esa manera su repudio a la dictadura y su aspiración a que, tan pronto como sea posible, se pueda volver a votar en elecciones verdaderas, competitivas y transparentes.
