Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), luego de reunirse este lunes con una delegación de alto nivel del Gobierno, se mostraron de acuerdo con la normativa de restricción que el Ministerio de Gobernación aplica a las misiones religiosas que entran a Nicaragua para realizar labores pastorales y sociales.
«Teníamos dudas porque primero nos habían pasado una serie de mecanismos para facilitar el ingreso y eso era muy largo y por eso pedimos una reunión con ellos (el gobierno) y nos explicaron que por razones de seguridad, se aplicaba la medida; pero nos dijeron que con solo una carta que extendiéramos sobre los misioneros se facilitaba de forma rápida y sin trabas y se daba repuesta», explico el Obispo Jorge Solórzano, Portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)
Junto a Solórzano, participaron en la reunión, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la CEN, monseñor Carlos Herrera, Obispo de Jinotega y los Obispos del Vicariato Apostólico de Bluefields, monseñor Pablo Schmitz y David Zewick.
La delegación del Gobierno estuvo conformada por Luis Cañas, viceministro de Gobernación, Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y el vice canciller de la República, Dennis Moncada Colindres.
De acuerdo al Obispo Solórzano, la delegación del Gobierno les dejó claro que si se negaba la entrada de algún misionero, les darían a conocer las razones.
El gobierno ha explicado que las razones de la normativa es por seguridad nacional, sin embargo, se le preguntó al Obispo Solórzano si la Iglesia representa un peligro para la seguridad del país, a lo que las autoridades explicaron que se han dado problemas de orden moral, pero con misioneros evangélicos.
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«La Policía nos dio algunos ejemplos, por ejemplo ahorita anda en la zona de Rivas, en mi Diócesis, anda un tal Carlos que supuestamente se hace pasar de fraile que viene de Costa Rica; pero más casos nos pusieron de las Iglesias evangélicas que vienen norteamericanos que a lo mejor se hacen pasar de pastores o vienen en comisiones, en ong y a veces están acusados por la Policía Internacional de abusadores de niños, Francisco Díaz, nos mencionó algunos casos», reveló monseñor Jorge Solórzano, también secretario general del Episcopado.
«No nos afecta»
El Obispo Solórzano aseguró que la Iglesia católica está de acuerdo con la normativa gubernamental. «No nos afecta la normativa porque con una carta es más expedita, es más sencillo, lo otro si era más complicado», expresó el jerarca católico.
El portavoz de los obispos aseguró que con la reunión quedó el tema aclarado y que no hay necesidad de volverse a reunir con la delegación gubernamental.
Por otro lado, Solórzano explico que otra solución con el gobierno fue la residencia de los religiosos extranjeros que realizan misiones en el país, a quienes no les renovaban sus residencias y que permanecían ilegales en el país.
«Expusimos que hay monjitas, misioneros y sacerdotes extranjeros que no les renuevan su residencia y que están ilegales en el país y nos dijeron que no nos preocupáramos que nos van a resolver eso», reveló el Portavoz de la CEN.
La pastoral evangélica se ha mostrado en desacuerdo con la normativa y han expresado al gobierno que la derogue argumentando que les afecta en sus labores pastorales y sociales. Ambos sectores se han reunido en dos ocasiones y tienen previsto reunirse una tercera vez, el próximo 20 de septiembre.
Los evangélicos han advertido que de no anular el gobierno la normativa que restringe la entrada de misioneros extranjeros estarían organizando marchas pacíficas en las calles.
