Las restricciones administrativas al ingreso a Nicaragua de peregrinos y misioneros religiosos —porque supuestamente entre ellos vienen peligrosos delincuentes—, y el control del cuerpo diplomático y consular por medio del Ministerio de Gobernación, son signos evidentes del avance del Estado policiaco orteguista.
La regresión autoritaria en Nicaragua arrancó desde que Daniel Ortega retomó el poder, en enero de 2007. A partir de entonces ha venido socavando las instituciones democráticas del país y construyendo una nueva dictadura, proceso que fue acelerado bruscamente desde junio pasado, con una serie de medidas típicamente dictatoriales.
Nos referimos al rechazo de Ortega a la observación electoral internacional con insultos a los observadores de las elecciones anteriores; la exclusión de la principal fuerza de oposición del proceso electoral; las expulsiones del país de visitantes extranjeros, incluyendo funcionarios del gobierno de los Estados Unidos; el incremento de las violaciones policiales a los derechos humanos y, últimamente, los controles al cuerpo diplomático y consular.
Las acciones dictatoriales del régimen orteguista han sorprendido a numerosas personas democráticas, que tenían la esperanza de que hechos como esos no volverían a ocurrir en Nicaragua. Creían que Daniel Ortega había aprendido de sus propias experiencias, que no repetiría las tropelías de los años ochenta y que su gobierno respetaría las reglas básicas de la democracia republicana.
Pero Daniel Ortega no es un demócrata. Lo hemos dicho muchas veces y tenemos que repetirlo una y otra vez, porque a pesar de que el mismo Ortega demuestra con sus hechos que es un dictador, siempre hay quienes se niegan a reconocer lo que es evidente. Para Daniel Ortega el Estado ideal es el Estado policiaco, semejante al que hubo en la Alemania nazi y la Rusia estalinista, similar al que hay actualmente en Cuba, Corea del Norte y China comunista.
El concepto de seguridad del Estado (o soberana) de Daniel Ortega es la sospecha permanente, inventar conspiraciones del “imperio” (como llama a Estados Unidos y los países europeos), ver espías por todos lados, tratar como enemigos a quienes piden alternabilidad en el gobierno y reclaman su derecho de llegar el poder por medio de elecciones. Según Ortega, el derecho de gobernar le pertenece exclusivamente y después de él a algunos de sus familiares más cercanos, como en una dinastía monárquica.
En realidad, lo que preocupa al dictador Ortega no es la seguridad pública, de todos los nicaragüenses. Lo que le importa es la seguridad “soberana”, como él llama a la seguridad del Estado, que lo proteja de sus adversarios y enemigos reales o supuestos. Y que por encima de todo le garantice su permanencia vitalicia en el poder.
La seguridad pública es indispensable para proteger la vida y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Pero debe de fundarse en el Estado de derecho, en el cual todos —gobernantes y gobernados— se someten por igual a la ley y se respetan los derechos humanos.
En el Estado policiaco es todo lo contrario, porque en este todas las personas tienen que someterse al poder autoritario y sin límites de una dictadura.
