Falsean carta de embajada rusa

María Elena Velly Sánchez fue acusada por el Ministerio Público de falsear y usar una carta salarial, supuestamente emitida por la Embajada de la Federación Rusia en Nicaragua.

María Elena Velly Sánchez fue acusada por el Ministerio Público de falsear y usar una carta salarial, supuestamente emitida por la Embajada de la Federación Rusia en Nicaragua, donde la acreditaban como trabajadora activa de dicha institución y devengar un salario de 10 mil dólares, con el fin de poder optar a un crédito bancario.

Junto a la procesada María Elena Velly fue acusado Henry Larios Hernández, de 22 años, quien supuestamente ayudó a la acusada a falsificar el documento aparentemente emitido por la embajada de Rusia. Además fue acusado de obstrucción a la justicia y lesiones leves, porque se opuso al arresto.

La causa se ventiló en el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, cuyo titular Donaldo Alfaro, admitió la acusación y programó audiencia inicial para el 9 de septiembre.

FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

Según la Fiscalía, la acusada con el fin de aparentar tener capacidad económica para adquirir un crédito en un banco nacional y comprar un vehículo, el 24 de agosto del corriente año, le dijo al acusado Larios que le elaborara un documento para aparentar ser trabajadora activa de dicha embajada.

El acusado Henry Larios presuntamente escaneó e imprimió los sellos de la embajada Rusa y el del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y falsificó la firma de Vladimir P. Nosov, representante del servicio federal de seguridad de la Federación Rusa en Nicaragua y la firma de Juan Ernesto Vásquez Araya, embajador de Nicaragua en la federación rusa Rusia.

El documento falso fue presentado por los acusados el 25 de agosto en un banco capitalino, el 26 las autoridades del banco alertaron sobre la situación a la Policía y el 29 de agosto fueron capturados.

Nacionales Nicaragua archivo

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COMENTARIOS

  1. Joseito
    Hace 10 años

    Que bueno saber que con este gobierno los Bancos son soplones de la justicia. La obligación del banco era negar el crédito por falta de capacidad, y solicitar más pruebas de los ingresos, no convertirse en expertos en falsificaciones y llamar a la Policía para arrestar al posible comprador del vehículo. Injusto.

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