La Ley 201, Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política, establece que el primer lunes de septiembre es Día de la Constitución de Nicaragua.
Esta Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de agosto de 1995 y promulgada por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro el 19 de septiembre del mismo año, cuando Nicaragua era un país democrático. La celebración fue instituida después de la reforma constitucional de 1995, que quitó hasta donde fue posible los vicios autoritarios de la llamada Constitución Sandinista de 1987, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el lapso de 1985 y 1986, durante la primera dictadura del FSLN.
La Ley 201 fijó el Día de la Constitución en el mes de septiembre, para que su celebración fuera parte de las Fiestas Patrias de Nicaragua y Centroamérica. “Todas las escuelas y colegios del país dedicarán este día al estudio y la enseñanza de la Constitución Política”, dice la Ley, que mandó también a que en los cuarteles o establecimientos militares y policiales la tropa reciba educación constitucional y de derechos humanos; y responsabilizó de su ejecución a los ministerios de Educación, Defensa y Gobernación. Para las regiones autónomas del Caribe, en ese entonces llamadas del Atlántico, la
Ley dispuso que los programas y textos de educación constitucional serían elaborados en las lenguas vernáculas.
Inclusive, la Ley del Día de la Constitución menciona que “los medios de comunicación, como parte de su función social para contribuir al desarrollo de la construcción de la nación, tienen la responsabilidad de establecer acciones de divulgación y programas que promuevan la enseñanza de la Constitución Política y de los Derechos Humanos”.
Es importante recordar el objeto de la Ley para la promoción de la educación constitucional, no era el de conmemorar la reforma democrática de la Constitución de 1995, que fue aprobada para el cumplimiento del Programa de Gobierno de la UNO y fue consensuada con el sector renovador sandinista. El objetivo real de dicha Ley era promover la conciencia cívica y la cultura democrática de los nicaragüenses, virtudes ciudadanas que hace 20 años eran más escasas y débiles que ahora.
Pero precisamente por eso mismo —y sobre todo porque la escasez de cultura democrática la padece también la llamada clase política de Nicaragua— a la celebración del Día de la Constitución y la educación constitucional no se le ha dado la importancia que se pretendía y merece. Mucho menos ahora, bajo un régimen autoritario como el de Daniel Ortega, quien es un violador reiterativo de la Constitución.
Sin embargo, hay que reconocer que algunas instituciones educativas, como la Upoli, así como el organismo académico Grupo Projusticia, celebran cada año el Día de la Constitución y promueven actividades y divulgaciones de educación constitucional.
Esto es un gran mérito, sin duda, porque sin educación constitucional no hay cultura democrática y sin esta no se puede cultivar y defender la democracia, como lo ha demostrado la amarga experiencia de Nicaragua.
