Los campesinos que tienen sus tierras a lo largo y ancho de la ruta canalera trazada por el régimen orteguista y la compañía del empresario chino Wang Jing, donde viven y trabajan, han hecho otra gran demostración de valor, rebeldía y disposición a la lucha por la defensa de sus derechos e intereses. Esto es lo que han significado las marchas simultáneas en veinte lugares del país y un plantón en Managua, ante la Corte Suprema de Justicia, que realizaron el miércoles pasado.
El objetivo específico de las movilizaciones campesinas es la derogación de la Ley 840, o Ley del Canal, que los amenaza con la expropiación de sus tierras y el desarraigo de los lugares donde siempre han vivido.
El Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional, que dirige esta épica lucha campesina coordinado por la señora Francisca Ramírez, presentó el 7 de abril pasado ante la Asamblea Nacional —con el respaldo de 28 mil firmas— una iniciativa ciudadana legislativa para la derogación de la Ley del Canal. Cabe recordar que ya en 2014, el entonces partido opositor PLI había presentado otra iniciativa de ley con ese propósito, pero el orteguismo no permitió que se le diera el trámite necesario.
También la propuesta de los campesinos fue rechazada por la Secretaría de la Asamblea Nacional y ante esa arbitrariedad ellos recurrieron de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, para que haga valer el derecho ciudadano de presentar iniciativa de ley. Sin embargo la Sala Constitucional de la Corte no resuelve hasta ahora la apelación de los campesinos, cometiendo otro acto de negación y retardación de justicia que es característica del régimen orteguista.
Los campesinos que luchan contra el Canal cuentan con el respaldo de todos los sectores democráticos, de la sociedad civil y cuerpos científicos de Nicaragua y otros países, que han estudiado el proyecto canalero y dictaminado sus inminentes consecuencias negativas para el ecosistema del país.
El movimiento campesino contra el Canal no tiene ninguna inclinación partidista, ni aspira a la toma del poder que es el objetivo legítimo y natural de los partidos políticos. Sin embargo, la lucha campesina es esencialmente política, aunque apartidista, pues su propósito es la revocación de un plan político fundamental del régimen orteguista, como es el proyecto canalero, que si se llegara a realizar tendría graves repercusiones nacionales y una impredecible significación estratégica en la relación de fuerza internacional.
La independencia política del movimiento contra el Canal fue confirmada por doña Francisca Ramírez, en una declaración a la sección Domingo de LA PRENSA, el 30 de julio pasado, cuando dijo: “Nosotros estamos organizados por las violaciones a nuestros derechos (…), no estamos para hacer un partido, no estamos interesados en la política…”
La independencia política del movimiento campesino es clave para que pueda alcanzar sus objetivos. Eso lo comprenden o deben entenderlo todos los sectores democráticos del país, porque es la mejor manera de ayudar al triunfo de una histórica lucha campesina que levanta la bandera de la recuperación de la soberanía nacional de Nicaragua y representa la dignidad y el interés de todos los nicaragüenses.
