La propaganda del Gobierno nos recuerda a menudo que vivimos en paz desde hace ya más de 25 años, el período de existencia pacífica más prolongado en toda la historia política de Nicaragua.
Pero esta vida pacífica no la disfrutan todos los nicaragüenses. No solo porque es una paz que no se basa en la justicia, sino también, porque tampoco como ausencia de violencia armada se puede gozar en el Caribe Norte del país, donde los colonos invasores han desatado una auténtica guerra contra los indígenas, para despojarlos de sus tierras.
El hecho sangriento más reciente de esa guerra, que se conoció ayer, es el de que los dos miskitos secuestrados hace dos semanas por colonos invasores de los territorios indígenas, fueron atrozmente asesinados y sus cuerpos mutilados descubiertos en la espesura de la selva. Gerardo Chale Allen, de 30 años de edad, y Lenín Pedro Parista, de 28, se llamaban los dos miskitos que se han sumado a la macabra lista de al menos tres decenas de indígenas asesinados desde septiembre de 2015, cuando arreció la violencia en la Costa Caribe de Nicaragua.
El Estado, o mejor dicho las personas que ejercen la autoridad civil y militar, no cumplen su obligación de salvaguardar la vida de los indígenas y garantizar la propiedad de sus tierras que les pertenecen por derecho ancestral, constitucional y legal. Lottie Cunninghan, promotora de justicia y respeto a los derechos humanos en la Costa Caribe, ha denunciado al respecto que “falta voluntad política para resolver el problema (de la invasión de los territorios indígenas y la usurpación de sus tierras) y el Estado actúa como cómplice; porque si el Estado omite su responsabilidad y su compromiso, nosotros los valoramos como cómplices, porque ellos están mandando a la gente a tomar las tierras indígenas”.
En la Costa Caribe de Nicaragua no hay autoridad que quiera cumplir su deber de proteger la vida y la propiedad de los indígenas, ni que ponga coto a la violencia de los colonos que llegan de otras partes del país y practican la violencia armada contra los indígenas, ante la indiferencia de un Estado que es cómplice por acción u omisión, como dice muy bien la señora Cunninghan.
Daniel Ortega ha creado un Estado desmesurado y poderoso, armado hasta los dientes con equipos de guerra rusos, que impide la entrada al país de peregrinos católicos y misioneros evangélicas, que expulsa a activistas democráticos y defensores internacionales de los derechos humanos, que tiene una amplia red de espionaje y se entromete en la vida de las familias. Sin embargo este Estado desproporcionado no cumple su elemental obligación de proteger la vida y la propiedad de todos los nicaragüenses, cualquiera que sea la etnia, la clase social y la condición económica a la que pertenezcan.
Grandes extensiones de tierras en los territorios indígenas y zonas protegidas de Nicaragua, como por ejemplo la de Bosawas, han sido invadidas, desforestadas y convertidas en zonas de cultivo y ganadería, inclusive de operaciones del crimen organizado. El costo de ese avance criminal lo paga el país, pero ante todo los indígenas con sus propiedades y hasta sus vidas, ante, cuando menos, la pasividad cómplice del Estado orteguista.
