“Déjà vu” es una expresión del idioma francés, que se traduce como “ya visto antes”, con la cual se nombra el fenómeno psíquico de tener la sensación de que algo que está ocurriendo en la actualidad, ya se vivió o experimentó en el pasado.
En las circunstancias actuales de Nicaragua, se podría decir que la designación de la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, como próxima vicepresidenta de Nicaragua, con lo cual se formalizará la dictadura dinástica orteguista, es como un déjà vu, pero no psicológico sino real y además regresivo y grotesco.
El pueblo nicaragüense ya soportó en el pasado el oprobio de ser dominado por una dictadura familiar y dinástica. Anastasio Somoza García estableció la dictadura después de asesinar a Sandino, en febrero de 1934, y de perpetrar en junio de 1936 un golpe de Estado contra el presidente Juan Bautista Sacasa. A partir de entonces el primero de los Somoza convirtió a Nicaragua en un patrimonio familiar y sentó las bases de una dictadura dinástica que se prolongó en su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, y después en su hijo menor, Anastasio Somoza Debayle, quien fuera derrocado violentamente en 1979.
La decisión de Daniel Ortega, de nombrar a su esposa como la próxima vicepresidenta de Nicaragua, planteó un debate jurídico en el cual algunos expertos han sostenido que viola la Constitución pero otros consideran que no.
Sin embargo, con todo lo interesantes y educativos que son los debates jurídicos y las interpretaciones constitucionales, es irrelevante que el nombramiento vicepresidencial de Murillo sea legal o ilegal. Todo el régimen político que ha impuesto Daniel Ortega, incluyendo su mismo ejercicio presidencial actual y el siguiente, ha sido montado sobre un flagrante atropello a la Constitución y las leyes. Es ilícito de manera integral, está viciado de ilegalidad y carece de legitimidad.
En todo caso, para lo que debería servir el debate jurídico sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la designación de la esposa del dictador como próxima vicepresidenta de Nicaragua, es para que cuando se recupere la república y se promulgue una nueva Constitución, se establezca expresamente que además de los parientes cercanos por consanguinidad y afinidad del presidente en ejercicio, tampoco su cónyuge podrá ser candidato a la Presidencia y Vicepresidencia de la nación.
En la nueva república se debe garantizar la transparencia gubernamental. Las uniones conyugales en el ejercicio del poder y la administración del Gobierno, generan complicidades que según la índole de las personas se pueden transformar —y de hecho se transforman— en asociaciones para delinquir contra el interés del Estado, la sociedad y los ciudadanos.
Desde enero de 2007, la esposa de Daniel Ortega ya era para todos los efectos gubernamentales y políticos, la vicepresidenta de facto de Nicaragua. Lo que ha hecho ahora el caudillo dictador es anunciar su formalización por medio de la farsa electoral que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre. Una farsa que será una ofensa a la democracia republicana y a la dignidad de los ciudadanos conscientes de Nicaragua y debería ser repudiada al menos con la abstención electoral.
