La destitución de 28 diputados que fueron elegidos en noviembre de 2011 bajo la bandera del Partido Liberal Independiente (PLI) y que decidieron no someterse a la dictadura de Daniel Ortega y mantener su dignidad opositora, es absolutamente ilegal y arbitraria.
En primer lugar la destitución ha sido decidida por el Consejo Supremo Electoral (CSE), que no tiene esa atribución de acuerdo con la Constitución y la Ley Electoral. Los diputados solo pueden ser destituidos por la Asamblea Nacional a la que pertenecen y de acuerdo con los causales establecidos de manera taxativa en el artículo 138, numeral 10, de la Constitución de Nicaragua.
Tampoco cabía aplicar a estos diputados el artículo 131 de la Constitución, reformado en 2014, según el cual los diputados en ejercicio de sus cargos que se cambien de opción electoral (es decir, de partido político), “contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas…”, perderán sus curules y serán sustituidos por sus suplentes. No se les puede aplicar esta cláusula de castigo porque ellos no se han cambiado de opción electoral.
Además, los diputados opositores que han sido expulsados de sus cargos fueron elegidos en noviembre de 2011, pero la mencionada disposición constitucional de castigo fue aprobada en enero de 2014 y, de acuerdo con la misma Constitución, ninguna norma legal puede ser retroactiva salvo en materia penal y a favor del reo.
Pero es inútil tratar de encontrar base legal y razón jurídica a la destitución de los diputados opositores. Se trata de una acción política arbitraria, dictatorial y autocrática, es un zarpazo típico de los regímenes totalitarios: fascistas, comunistas o revolucionarios.
Algunos juristas constitucionalistas y expertos en derecho político califican esta acción del régimen orteguista como un golpe contra la soberanía popular, que está en la base de la Constitución de Nicaragua y debería ser respetada como un principio sagrado. Inclusive, aseguran esos expertos que la destitución de los diputados opositores se puede calificar como un golpe de Estado parcial, que no solo atropella la Constitución nacional sino también el derecho internacional y los fundamentos de la convivencia hemisférica, los cuales están establecidos en las cartas constitutivas de las Naciones Unidas y la OEA, y en la Carta Democrática Interamericana que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de acatar.
Ortega está desbocado en su escalada de la dictadura. En su desmesurada intolerancia no quiere seguir soportando que en el poder legislativo y “su” Asamblea Nacional se continúe cuestionando sus políticas arbitrarias, sus atropellos a los derechos humanos, la corrupción generalizada. Además, en la coyuntura actual no quiere que se cuestione desde un poder del Estado la farsa electoral de noviembre y que se llame desde allí a la abstención ciudadana.
Nosotros no podemos hacer nada contra esos excesos de poder, más que denunciarlos ante la sociedad nicaragüense y la comunidad democrática internacional. Y exhortar a los ciudadanos dignos a que despierten de su letargo político y cívico, que defiendan sus derechos civiles, que luchen cívicamente por recuperar la democracia y para que Nicaragua vuelva a ser una república democrática.
