Una serie de hechos vinculados a supuesta corrupción en la Policía Nacional, que van desde fabricación de expedientes hasta la colocación de drogas en allanamientos por casos vinculados con narcotráfico, fueron denunciados por un expolicía con el grado de comisionado, quien en su último cargo fungió como jefe del puesto fronterizo de El Guasaule, Chinandega.
“Cuando quieren dañar a una persona le dañan inventándole casos o poniéndole droga”, denunció Saromar Reyes Navarro.
Inicialmente, la vocera de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Rosa González, prometió indagar el hecho, pero luego no respondió.
Reyes, de 51 años, dijo que de sus más de 30 años de servicio a la institución policial, 12 pasó por la Especialidad de Drogas. El exagente recurrió ante los representantes de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Álvaro Leiva Sánchez y Marcos Carmona, respectivamente, para denunciar los presuntos abusos en la Policía Nacional.
Asimismo, Reyes denunció la forma anómala con que fue dado de baja deshonrosa, para lo cual, dice, le fabricaron expedientes.
“Esto lo están haciendo porque yo informé sobre la corrupción que había en Droga Nacional; en los operativos se tumbaba dinero, millones de dólares; se tumbaba droga. Ponen droga a la gente que no está con ellos, a la gente que no pueden demostrarle el delito, porque no hay un trabajo de inteligencia; entonces ellos buscan y le ponen droga a la gente, hay mucha gente que está detenida injustamente porque le han puesto droga”, sostuvo Reyes.
El denunciante dijo que esto es una práctica en la institución, aunque reconoce que muchos de los detenidos son sospechosos de expender droga, sin embargo, a la hora de los allanamientos nunca les encuentran una evidencia, “pero lo más fácil es ponerles la droga para llevarlos a los tribunales”.
No me dieron derecho a la defensa, me dijeron que me iban a poner un abogado de oficio, violentaron el arto 6, del Reglamento Disciplinario… lo hicieron a su manera para sacarme de la institución”. Saromar Reyes, denunciante.
Reyes, quien mostró su carné de militante del Frente Sandinista desde 1978, mencionó que en enero de 2016 fue dado de baja deshonrosa tras resolución de Asuntos Internos, la que posteriormente fue confirmada por la jefa de facto de la institución, primera comisionada Aminta Granera. Para ello —aseguró— le violentaron sus derechos, pues en octubre del año pasado únicamente fue notificado por Asuntos Internos de que le habían abierto un proceso por tráfico de migrantes, sin que haya tenido el debido proceso.
Mencionó el denunciante que al no poderle demostrar el ilícito que le atribuían, la Policía terminó inmiscuyéndose en su vida privada.
Mostró ante Leiva y Carmona —quienes aceptaron brindarle acompañamiento— que en la resolución le citan entrevistas como la de un capitán de Villanueva, quien refirió que en marzo de 2015 el denunciante fue visto junto a un policía apodado “El Ruso”, cuyo nombre era Jairo Geovani López, y el teniente Alfredo Jiménez efectuando tranques en la entrada del Escudo, a 20 kilómetros de la frontera, con el objetivo de pasar droga a una persona del sector.
Sin embargo, “El Ruso” falleció en un accidente de tránsito el 28 de octubre de 2014 y Jiménez está en la cárcel porque el 31 de agosto de 2014 fue acusado por la Fiscalía de tráfico de droga. En ambos casos mostró copias que lo confirman.
SUPUESTA TORTURA
En un amplio relato ante los secretarios de ANPDH y CPDH, Saromar Reyes Navarro dijo que antes de que la jefatura ordenara su “baja deshonrosa”, del 25 al 30 de septiembre de 2014 fue “secuestrado” en El Chipote, “torturándome psicológicamente porque en ese momento mi madre estaba en etapa terminal con cáncer, por lo cual a consecuencia de mi detención mi madre fallece”, denunció Reyes, quien dijo que en ese momento prefirió guardar silencio pese a las violaciones a sus derechos humanos.
