En nuestro editorial de ayer, titulado La represión policial y el regreso de los “orejas”, expresamos que ha sido hasta cierto punto bizantino (o sea inútil y falto de sentido práctico), el debate sobre si el régimen orteguista es o no es una dictadura.
Refiriéndonos al hecho de que algunos analistas y dirigentes políticos democráticos creen y sostienen que el gobierno de Daniel Ortega no es una dictadura, porque “no hay represión, presos políticos ni muertos”, señalamos en el mencionado editorial que la represión del régimen orteguista es real y evidente, y nos preguntamos: “¿Habrá que esperar a ver los presos políticos, los muertos y una represión aún más generalizada para que la sociedad se empiece a preocupar?”
Ahora, en ese mismo sentido, debemos decir que también resulta bizantino discutir si la escalada represiva desatada por el régimen orteguista en las últimas semanas, ha sido motivada por alguna alteración emocional de Daniel Ortega, o se trata de un error gubernamental, o es parte de una estrategia de radicalización política de un sistema de gobierno que se califica a sí mismo como revolucionario, o se debe a cualquier otro motivo que solo Ortega podría explicar.
En realidad, cualquiera que fuese la razón que tenga Ortega para ordenar el incremento de la represión, el hecho innegable es que está suprimiendo derechos democráticos fundamentales de los nicaragüenses, incluyendo el de poder votar en las elecciones por candidatos de la oposición o independientes del Gobierno.
Debido a la decisión dictatorial de Daniel Ortega ejecutada por medio del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, de impedir que la oposición participe en los comicios de noviembre próximo, en estos solo se podrá votar por los candidatos del partido oficialista y sus acólitos. De esta manera el régimen orteguista está cerrando los espacios del pluralismo político, de las elecciones competitivas y la alternabilidad gubernamental, que son indispensables para el funcionamiento de una verdadera democracia.
Ante esta situación es necesario repetir la pregunta que planteamos en el editorial de ayer: ¿Habrá que esperar a que Nicaragua se termine de imponer el régimen de partido único, como el de Cuba, o de partido hegemónico acompañado por algunos parásitos colaboradores, como el de China y Corea del Norte, a fin de que la sociedad nicaragüense se empiece a preocupar?
Especular por qué Daniel Ortega comete esas atrocidades contra la democracia es otra discusión bizantina. Lo que cabe es defender los derechos democráticos de los nicaragüenses, conquistados por ellos mismos en 1990 y garantizados por tratados internacionales como los Acuerdos de Esquipulas II y la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
