El Gobierno de Nicaragua será rector y además empresario del sector minero, según la propuesta de la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) enviada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega a la Asamblea Nacional para su aprobación.
Según la propuesta de ley, Eniminas tendrá participación accionaria del diez por ciento en toda empresa que reciba concesión minera futura y en las que sean renovadas.
LA PRENSA no logró una postura de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), ya que su presidente, Sergio Ríos, está fuera del país.
La propuesta de la Ley de Eniminas fue enviada el 7 de junio pasado por el Ejecutivo y este martes por el plenario de la Asamblea la remitiría a la Comisión de Infraestructura para su discusión y dictamen para que pueda ser aprobada antes del receso parlamentario de medio año.
Los diputados opositores, Eliseo Núñez y Carlos Langrand, analizaron —por separado— que con la empresa Eniminas se creará una incertidumbre entre los inversionistas del sector minero.
En el inciso 16 del artículo 5 de propuesta de Ley de Eniminas se establece que va a “representar la participación del Estado en todas las concesiones mineras que no se hayan otorgado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Dicha participación representará como mínimo un diez por ciento del capital accionario de la empresa, sin costo ni riesgo alguno. La participación estatal no podrá ser reducida por razón alguna”.
El diputado Langrand explicó que en la iniciativa de ley enviada el Gobierno reforma también la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas “e incorpora la condición de que no solo los futuros proyectos mineros, sino también en los que se renueven, una vez se venzan las concesiones existentes, se le entregue el diez por ciento de las acciones” a la empresa estatal.
El Gobierno condiciona “como requisito indispensable” para dar los permisos de concesión de exploración y explotación de recursos minerales a que el inversionista entregue el diez por ciento de las acciones de la empresa a operar en el país.
Langrand dijo que este esquema de negocios lo viene “imponiendo” el Gobierno en los sectores de recursos naturales como el de energía.
Para Núñez, la pretensión del Gobierno con la nueva empresa pública “es detectar las áreas con potencial minero para luego favorecer a empresas del grupo Alba con las concesiones”. “Es un modelo de depredación económica y la empresa privada va a tener menos espacios dónde competir”, declaró.