El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha decidido aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y solicitar la convocatoria al Consejo Permanente de dicho organismo, para tratar la crisis de Venezuela.
Esto es lo menos que podría hacer la OEA ante el colapso de la democracia venezolana y el peligro de un desenlace violento y sangriento de la crisis que sufre ese país, tan rico en recursos materiales y próspero hasta hace poco tiempo, pero ahora convertido en Estado fallido por el régimen chavista y su “socialismo del siglo XXI”.
Almagro ha preparado un exhaustivo informe de 132 páginas sobre “la crisis institucional de Venezuela (que) demanda cambios inmediatos en las acciones del poder ejecutivo, a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad… La responsabilidad de la comunidad hemisférica — advierte el secretario general Almagro— es asumir el compromiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20 (de la Carta Democrática Interamericana) de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas”.
Ayer mismo, 24 exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos respaldaron la iniciativa del Secretario General de la OEA, en el entendido de que la solución constitucional y democrática de la crisis de Venezuela pasa por el referendo revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro.
Para tener eficacia, la propuesta de Almagro debe ser aceptada por la mayoría de los 34 países miembros de la OEA, alguno de los cuales (como el de Nicaragua) son aliados políticos del chavismo, otros han hipotecado los principios democráticos a cambio del petróleo venezolano y algunos más se han acobardado, hasta ahora, ante el discurso agresivo de los líderes populistas del Alba.
Pero la gravedad de la crisis de Venezuela tiene que hacer comprender a la mayoría de los miembros de la OEA, que el referendo revocatorio es la única salida de la crisis. Incluso, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) cuya secretaría ha promovido un diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, con la intención de que Maduro pueda ganar tiempo, debería unir sus esfuerzos con la OEA en pro del referendo revocatorio.
Ante la extrema gravedad de la crisis de Venezuela y la irresponsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro que se obstina en bloquear cualquier solución democrática, hasta el Vaticano y personalmente el papa Francisco —quien ha demostrado una gran voluntad de mediación en los conflictos internacionales— deberían pronunciarse en apoyo de la iniciativa de Almagro. No hay ninguna otra salida viable. Por el bien de Venezuela y América Latina, el referendo revocatorio merece ser respaldado por todas las entidades y personalidades que, por su autoridad política y prestigio moral, podrían ayudar al pueblo venezolano a salir de la crisis institucional, económica y humanitaria a donde lo han arrojado sus malos gobernantes.
