La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afronta la peor crisis financiera de su historia en medio de críticas de algunos países de la Organización de Estados Americanos (OEA), de quien depende su supervivencia.
La CIDH, el último recurso de miles de personas en América para obtener Justicia y protección, tendrá que despedir al 40 por ciento de su personal y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio alrededor de dos millones de dólares que le faltan este año para poder cumplir mínimamente con sus funciones.
La plana mayor de la CIDH y sus 78 trabajadores, en una movilización sin precedentes, pidieron esta semana a los 34 Estados miembros de la OEA que asuman su responsabilidad con la defensa de los derechos humanos y corrijan la anomalía de los últimos años, en los que el organismo ha sobrevivido gracias a fondos voluntarios de países europeos.
APOYO EUROPEO
La Unión Europea y sus socios se han visto obligadas a cortar o reducir sus donaciones al sistema interamericano de derechos humanos para centrar sus recursos en una crisis más próxima: la llegada de millones de refugiados de Siria y de otros países asiáticos y africanos.
Como señaló esta semana el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es difícil justificar ante Europa la demanda de ayuda cuando los propios países americanos no financian los órganos de derechos humanos que protegen a sus ciudadanos.
El excanciller uruguayo, que cumplió el jueves un año al frente del organismo, subrayó la paradoja de que en 2015 los países latinoamericanos y caribeños dieran 200,000 dólares de aportación voluntaria a la Comisión, con 6,188 casos americanos, y 13.7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (con sede en La Haya, Países Bajos), que solo tiene una preinvestigación de México.
PARADOJA
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, destacó otra paradoja: la Comisión atiende a todo el continente con 78 trabajadores (que en agosto podrían quedarse en 48) mientras que en la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica trabajan 180 funcionarios y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México más de 1,000.
La Comisión, que tiene más de 6,000 casos de violaciones de derechos humanos pendientes y un presupuesto anual que no llega a los 10 millones de dólares, denuncia que es “el sistema de derechos humanos más pobre del mundo”.
Los responsables de la CIDH tienen claro cuál es la causa: la Comisión se ha convertido en un elemento incómodo para los Estados miembros porque ha señalado a casi todos por violaciones de los derechos humanos.
SURGEN NUEVAS VOCES CRÍTICAS
Las críticas a la CIDH por una supuesta parcialidad o politización habían procedido hasta ahora de países de la Alianza Bolivariana, sobre todo de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, en los que los comisionados han denunciado repetidamente violaciones de derechos y falta de libertades fundamentales, como la de expresión o reunión.
Pero esta semana la Comisión asistió a un escenario nuevo: los países del Alba callaron en la sesión de la OEA sobre su crisis mientras que naciones que hasta ahora le han dado su apoyo, como México y Argentina, cuestionaron su gestión y sugirieron que los Estados no le dan fondos porque no confían en su trabajo.
Las críticas de México, junto con las de Argentina, Chile y Guatemala en el mismo sentido “preocupan” al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, que teme que los Estados de la OEA aprovechen su crisis financiera para debilitarla y quitarle atribuciones.
La Comisión es el elemento de mayor prestigio internacional de la OEA junto a las misiones de observación electoral y en su defensa salieron esta semana más de 300 organizaciones de derechos humanos del continente en una carta abierta.
