Invertir en cinco áreas: fortalecimiento del sector rural, programas de protección social, infraestructura rural, protección ambiental y tejido social e identidad cultural, le permitiría a Nicaragua asentar las bases para que la zona rural logre ganarle la batalla a la pobreza y la desigualdad. Y es que entre 2007 y 2012 el país invirtió en promedio por cada habitante de esa zona 216.55 dólares por año, muy por debajo de los 517.01 dólares que recibió un campesino salvadoreño o los 347.48 dólares de un hondureño rural.
El gasto por habitante de la zona rural en Nicaragua se desprende de un análisis que realizó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con el auspicio del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), donde señala que del Presupuesto General de la República de entre 2007 y 2012 el Gobierno invirtió en la zona rural en promedio unos 542 millones de dólares por año, por debajo de los 1,298.9 millones de dólares que destinó Honduras; los 2,017.35 millones de dólares de Guatemala o los 1,119.6 millones de El Salvador.
Esto es lo que convierte a Nicaragua en la nación en Centroamérica que menos invierte en su población rural, pese a que el 46.2 por ciento de los nicaragüenses menores de 18 años están asentados en esa área geográfica, donde la mayoría son mujeres.
Ricardo Barrientos, economista senior del Icefi, explica que si bien en términos per cápita el gasto por habitante de la zona rural se ha incrementado 27 por ciento entre 2007 y 2012 (al pasar de 189.5 dólares a 241.6 dólares), lo cierto es que como prioridad dentro de la política fiscal y macroeconómica este se ha deteriorado.
Muestra de lo anterior es que en 2007 el gasto destinado para la zona rural como porcentaje del Presupuesto General de la República representaba el 28.1 por ciento, pero en 2012 cayó a 24.9 por ciento. En tanto, en 2007 el país destinaba el 6.4 por ciento de Producto Interno Bruto a la zona rural y en 2012 se redujo a seis por ciento.
De ahí, el Icefi propone que Nicaragua eleve gradualmente la inversión en la zona rural de aquí al 2025 hasta lograr que el país esté destinando el 9.79 de su PIB para esa área poblacional, para avanzar en la reducción de pobreza y desigualdad que impera en el campo.
Pero, ¿sobre cuáles ejes se deben bajar con ese aumento en la inversión en la zona rural? Lourdes Molina, economista investigadora del Icefi, propone trabajar en cinco áreas: fortalecimiento del sector rural, programas de protección social, infraestructura rural, protección ambiental y tejido social e identidad cultural.
LAS ACCIONES CONCRETAS
En primer lugar se debe trabajar en el fortalecimiento del sector rural, que abarque consolidar la institucionalidad rural mediante la creación de una secretaría o ministerio de desarrollo rural, encargado de formular y ejecutar políticas públicas en esa área.
Entre las políticas figura el diseño de programas de transferencia de tecnología y asesoría técnica para actividades agropecuarias, cuyo costo pasaría de 5.4 millones de dólares que se invierten actualmente a 55.2 millones de dólares en 2025. En este periodo se esperaría que unos 150 mil productores sean beneficiados con esa política de intervención pública.
Además el Icefi sugiere un programa de encadenamiento productivo para que los productos de pequeños y medianos productores rurales puedan llegar directamente y sin intermediarios a los consumidores finales. Igualmente propone diseñar un programa de agricultura familiar enfocado en reducir la inseguridad alimentaria mediante la producción familiar de alimentos.
Molina señala que a la par de estos programas se debe avanzar en la formación técnica productiva a través de la formación de unos 10,042 estudiantes rurales, cuya inversión acumulada solo por esta razón hasta el 2025 sea de 61.7 millones de dólares.
En el sector turismo rural y comunitario, el Icefi propone apoyar a unos 29,162 productores hasta 2025, cuya inversión pasaría de 0.01 por ciento del PIB en 2016 a 0.07 por ciento del PIB en 2025.
Y finalmente se sugiere incrementar el número de productores beneficiarios de créditos, servicio de garantía y seguro rural, el cual deberá pasar de 2,750 productores en 2016 a 19,544 al final del 2025, para una inversión de entre 7.5 millones de dólares a 62.1 millones de dólares.
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PROTECCIÓN SOCIAL
En el área de protección social, el Icefi propone garantizar que en 2025 unos 212,232 niños y niñas de la zona rural estén matriculados en preescolar, lo que implicaría destinar entre el 0.03 y 0.06 del PIB para este fin, es decir 13.9 millones de dólares.
En el caso de educación primaria, se requiere un financiamiento por 219.7 millones de dólares para garantizar la cobertura educativa a unos 423,760 niños y niñas hasta 2025. Y finalmente para que 419,148 adolescentes logren beneficiarse de la educación secundaria en el campo se necesita el 0.30 por ciento del PIB.
En su conjunto, la zona rural requeriría en materia de educación en los tres niveles antes descritos alcanzar el monto en 2025 de 298.8 millones de dólares, 1.45 por ciento del PIB. Con esta inversión, la educación en el campo nicaragüense se universalizaría, es decir “que todas las niñas, niños y adolescentes puedan tener acceso gratuito y de calidad a la educación pública”.
En el área de salud, las acciones estarían encaminadas a invertir más en la construcción de centros hospitalarios primarios, remozamiento y equipamiento de puestos de salud, medicina, equipo y contratación de personal médico. Para esto se requiere una inversión que en el 2025 alcance los 372.5 millones de dólares, superior a los 129.3 millones que se necesitan en 2016 para este fin.
INFRAESTRUCTURA RURAL
Para lograr un mayor avance en la reducción de la pobreza y desigualdad se necesita que la inversión en infraestructura rural alcance en el 2025 los 687.3 millones de dólares, superior a los 69.9 millones de dólares de 2016.
De lograr esa inversión, se universalizaría el acceso al agua en la zona rural, cuyo costo solo para esta área sería de 268.3 millones de dólares hasta 2025, es decir 1.22 por ciento del PIB.
Además se debe trabajar para que 277,074 beneficiarios tengan acceso a la energía eléctrica en 2025, para una inversión acumulada de 407.5 millones de dólares; 1.85 por ciento del PIB.
Mientras, en materia de caminos rurales, el Icefi sugiere que en los próximos diez años se rehabiliten unos 3,018 kilómetros, lo que implicaría pasar de una inversión de 6.2 millones de dólares en 2016 a 11.5 millones de dólares en 2025.
PROTECCIÓN AMBIENTAL
En el eje de protección ambiental, el Icefi propone impulsar en el área rural nicaragüense un programa de capacitación ambiental encaminado a la prevención del impacto ambiental, protección de la capa de ozono, reducción de contaminantes y mejoramiento de la calidad ambiental, que debió llegar a unos 210,757 habitantes de la zona rural, con un costo acumulado de 21.6 millones de dólares (0.10 por ciento del PIB).
A la par de este programa, se requiere ejecutar un proyecto de reforestación y conservación de la diversidad biológica. Para esto se necesita que en 2025 se haya trabajado en la protección de 85,675 hectáreas y en la capacitación de 110,568 personas en el manejo integral de áreas protegidas, cuencas hidrográficas, flora y fauna, con una inversión acumulada hasta 2025 de 283.6 millones de dólares, es decir 1.28 por ciento del PIB.
TEJIDO SOCIAL E IDENTIDAD CULTURAL
En el área de tejido social e identidad cultural, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales sugiere impulsar un programa de organización comunitaria que en 2025 esté beneficiando a 532,264 personas de la zona rural.
Igualmente se propone desarrollar un programa de esparcimiento que beneficie a través de actividades deportivas, culturales y recreativas a 451, 974 personas. Y finalmente recomienda desarrollar un proyecto de inversión entre los pueblos indígenas que en 2025 esté beneficiando a 294,143 personas.
Todas las intervenciones anteriores implicarían que en 2025 el país haya invertido el 0.82 por ciento de su PIB en esta área, para un monto por 188.7 millones de dólares.
LA MITAD EN POBREZA
En Nicaragua, según la última Encuesta Nacional de Medición del Nivel de Vida 2014, divulgada por el Gobierno el año pasado, la pobreza en la zona rural azota a cinco de cada diez habitantes, mientras que en la urbana solo afecta a una de cada diez. La pobreza en la zona rural pasó de 63.3 por ciento en 2009 a 50.1 por ciento en 2014. De los 6.2 millones de nicaragüenses, el 58.3 por ciento es población urbana, es decir, 3.61 millones de personas. El resto es rural.
Según cifras del Banco Central de Nicaragua, en 2014 las actividades agropecuarias, que se concentran en la zona rural, aportaron 18.5 puntos en la formación del PIB, que ese año se situó en 11,805.6 millones de dólares.
