Una declaración pública del organismo internacional de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), emitida este 21 de abril, demandó al Estado de Nicaragua y sus autoridades garantizar la seguridad e integridad de las comunidades que manifiestan sus preocupaciones frente al proyecto de construcción del canal interoceánico.
Tal solicitud se debe, entre otras cosas, a que el organismo ha recibido denuncias sobre maniobras de intimidación y acoso de fuerzas militares y policías a los organizadores de las marchas que se realizan este 22 de abril en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra.
“En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra el 22 de abril, miles de campesinos en Nicaragua se preparan para organizar la cuarta marcha nacional y expresar su preocupación ante las posibles afectaciones que tendrá en sus derechos y medios de subsistencia la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, parte de las más de 60 marchas que con el mismo fin se han celebrado en todo el país”, dice el comunidado.
“Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a asegurar la efectiva protección de los manifestantes y garantizar su derecho de manifestación pacífica”, observa AI.
El organismo señala, de acuerdo con Francisca Ramírez, Coordinadora del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional, que la gente ha decidido manifestarse porque “amamos la tierra y porque el proyecto del Canal pone en peligro los recursos naturales y el patrimonio de los y las nicaragüenses. Exigimos el respeto de todos los derechos humanos que se ponen en riesgo con la construcción del Canal”.
El Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, organizadores de la marcha, comunicó a las autoridades policiales desde inicios del mes de abril su intención de hacer una movilización pública y pacífica el 22 de abril, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
El Consejo ha solicitado a las autoridades policiales su acompañamiento y protección con el fin de prevenir posibles agresiones y ejercer así su derecho a manifestarse pacíficamente.
Hasta el momento la policía no ha respondido ante la misiva. De acuerdo al Consejo, en el pasado manifestantes han visto coartado su derecho a manifestarse pacíficamente, incluyendo agresiones, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de agentes estales y no estatales en el marco de movilizaciones anteriores.
AI recordó que en la tercera macha nacional, celebrada en octubre 2015, la policía colocó retenes con el fin de obstaculizar la continuidad de la marcha que se dirigía a la Asamblea Nacional, ubicada en Managua.
“Las comunidades campesinas afectadas por la construcción del Canal Interoceánico han expresado en reiteradas ocasiones a las autoridades los riesgos que tendrá sobre sus derechos y medios de subsistencia”, denuncia AI.
Con anterioridad, integrantes del Consejo presentaron una Iniciativa Ciudadana de Ley con el apoyo de casi siete mil personas con la intención de derogar la ley que regula el canal. El pasado 11 de abril, el Consejo recibió la notificación que su iniciativa fue rechazada bajo el argumento de “falta de competencia”.
Decisión que luego fue apoyada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la cual también rechazo el recurso de apelación.
“Amnistía Internacional urge al Estado nicaragüense a escuchar las voces y tomar en consideración las preocupaciones de la población, en particular de las comunidades afectadas”.
“La organización expresa nuevamente su preocupación por el riesgo que corren decenas de miles de personas de ser desplazadas por la construcción del Canal, y que afectará sus medios de subsistencia”.
La Constitución Política de Nicaragua expresa que como parte de sus derechos políticos, los ciudadanos pueden reunirse pacíficamente sin necesidad de pedirle permiso a la Policía.
El artículo 53 dice que “se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”.
Mientras que el artículo 54 establece: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.
