Pese a la retórica del régimen, los servicios de salud públicos en Nicaragua son deplorables y ello a su vez deriva en que problemas como la violencia obstétrica sean invisibilizados. La violencia obstétrica es un conjunto de prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres y niñas (adolescentes) en el ámbito de atención a su salud reproductiva, en particular, durante la gestación, alumbramiento y tratamiento posparto.
La violencia obstétrica tiene como punto de partida la asimetría de poder y saber entre los médicos y las mujeres, hoy en día nadie duda que la atención médica especializada reduce significativamente la mortalidad infantil, pero genera un paternalismo médico que anula a la mujer durante el proceso. Son tratadas como enfermas aplicándoles medicamentos y procedimientos innecesarios o bien restricciones inadecuadas (medicalización y patologización del parto), lo cual se acentúa en mujeres en situación de vulnerabilidad, pobres y/o procedentes de zonas rurales.
Luis Alberto Villanueva destaca como violencia obstétrica: regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulaciones de la información, negación de tratamiento sin referir otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia ante sus solicitudes o reclamos, no informar de las decisiones que se toman en el curso del parto, uso de recursos didácticos sin respeto a la dignidad humana, manejo del dolor como castigo, coacción para el consentimiento. Tampoco hay que dejar de lado procesos innecesarios (episiotomía; rasurado, monitoreo fetal y enema como rutina) y las restricciones innecesarias como en el uso de oxitócica, analgesia y anestesia, tal y como ha indicado la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La violencia obstétrica es una violación a derechos humanos pluriofensiva, ya que afecta: el derecho a vivir libre de violencia; derecho a la salud (aceptable y de calidad); privacidad (paternalismo médico limita la integración y libre decisión de la mujer); honra y dignidad (exposición innecesaria de la zona genital de la mujer); derecho a la información (mujer no toma decisiones libre e informada); derecho a la integridad (tratos crueles, inhumanos o degradantes que realice el personal médico como castigo); la no discriminación (por ser una condición inherente a la mujer); y hasta feminicidio, ya que en 1992 Diana Russell y Jill Radford (quienes acuñaron el término) consideraron como tal la negligencia en la atención médica al parto y postparto en el libro Feminicidio. La política de asesinato de las mujeres.
En Nicaragua no existe un reconocimiento normativo de la violencia obstétrica, la Ley 779 hace referencia a la violencia institucional, que aunque pueda incluirla, no visibiliza el problema. Hacer frente a este problema con un enfoque de derechos humanos no significa castigar con cárcel a los médicos y enfermeras que incurran en esta práctica, la cárcel solo distrae la atención de los problemas estructurales del sistema de salud y es una duplicidad penal al ser una conducta subsumida en otros tipos como: lesiones; amenazas; abuso de autoridad; y negligencia médica.
Atender correctamente el problema de la violencia obstétrica pasa por: el reconocimiento normativo de esta; la sensibilización en el personal médico; la difusión entre las mujeres de sus derechos como usuarias del sistema de salud; establecer diagnósticos de calidad de atención; crear protocolos de investigación en las auditorias médicas sobre el tema; delimitar los criterios para el ejercicio de la acción penal en el Ministerio Público sobre el tema; atención con perspectiva de género en el poder judicial en estos casos; y sistematización sobre la información.
Aunque en Nicaragua se haya incrementado la representación política de las mujeres, lo cierto es que el autoritarismo del régimen impide que la nueva configuración de representación política impacte, por medio de políticas públicas, en la igualdad sustancial que debe existir entre hombres y mujeres, la violencia obstétrica es un tema más en la agenda pendiente.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
