La Policía Nacional se niega a que un detenido en estado delicado de salud enfrente el proceso en libertad según orden judicial, bajo el argumento que está bajo las órdenes del jefe de Auxilio Judicial, Juan Ramón Gámez.
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, denunció que el hombre está grave después que fue herido de bala, en circunstancias no muy claras, durante un operativo policial.
El detenido es Apolonio José Martínez, a quien en diciembre del año pasado la Policía lo presentó como integrante de una banda delictiva que se habría visto envuelto en un tiroteo, pero que según Cuevas, la Policía no presentó evidencias de que el hombre haya disparado. Al final el Ministerio Público acusó a Martínez únicamente por tenencia ilegal de armas, que es un delito menos grave.
NUEVE OPERACIONES
Al detenido le han practicado durante dos meses de detención nueve intervenciones quirúrgicas, en el hospital Antonio Lenín Fonseca y le han dejado una bolsa de colostomía. Aseguró Cuevas, que los médicos han dicho a sus parientes que no pueden hacer nada por el paciente.
El 5 de febrero del presente año, el juez suplente del Juzgado Local de lo Penal de Managua estableció como medida cautelar el impedimento de que este salga del país, así como que sea sometido a cuido y vigilancia por parte de familiares.
Sin embargo, Cuevas indicó que en las condiciones que está el acusado es difícil que este se pueda fugar y, fue por cuestiones de humanidad que el judicial cambió las medidas cautelares.
Y aunque abordó el caso expuesto por los familiares del detenido con autoridades del Distrito Dos de la Policía, nada pudo hacer en su favor, pues las autoridades alegan que en el Distrito Dos solo lo tienen en custodia, bajo órdenes de Auxilio Judicial.
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DETENCIÓN ILEGAL
La CPDH preparó un recurso de exhibición personal a favor de Apolonio Martínez, pues considera que después de nueve días de la orden judicial está ilegalmente detenido.
Cuevas dijo que si Martínez tiene asuntos pendientes con la ley, el caso debe seguir su curso, pero la Constitución habla de que los procesos penales tienen principios humanistas.
