El Colegio Experimental México, de Managua, tendrá que esperar un año más para que el Ministerio de Educación (Mined) mejore y equipe sus aulas, porque este jueves los diputados aprobaron la reducción de 239.43 millones córdobas con los que la institución —entre otras cosas— ejecutaría este y otros 26 proyectos en el país.
En este centro escolar serían invertidos 8.8 millones de córdobas, según el Plan de Inversión Pública del Mined para este año, pero por problemas en la ejecución tendrá que ser incluido en el próximo presupuesto del Mined.
Asimismo, en el Instituto Nacional Elvis Días Romero y el colegio San Sebastián, ambos de Managua, serían invertidos 8.1 y 7.5 millones de córdobas, respectivamente.
Pero también, esta segunda reforma presupuestaria afectó —entre otros— el proyecto de mejora en el Instituto Francisco Luis Espinoza, de Estelí, donde el Mined debió invertir 1.6 millones de córdobas.
De los 239.43 millones que perdió el Mined con esta reforma, 182.43 millones serían destinados al mejoramiento de centros escolares y el resto para gastos corrientes.
El problema de subejecución es el resultado de la inestabilidad institucional que tiene el Mined desde hace 2 años, dicen expertos @laprensa
— Jeniffer Castillo (@jencastillob) December 11, 2015
Hasta septiembre de este año, según el informe de ejecución presupuestaria, el Mined solo había ejecutado 32.7 por ciento de su asignación inicial, que era de 708.5 millones de córdobas.
El especialista en Educación, Cefas Asensio Flórez, considera que esta subejecución es el resultado de la inestabilidad que enfrenta el Mined desde hace dos años cuando iniciaron los repentinos cambios en las altas esferas de la institución.
En octubre pasado, María José Enríquez dejó su puesto de viceministra del Mined para temas de Infraestructura Escolar y sin mayores explicaciones, el Gobierno aceptó su renuncia mediante el Acuerdo Presidencial 179-2015 publicado en La Gaceta.
El economista Adolfo Acevedo, recuerda además que el Mined fue intervenido en septiembre del año pasado por auditores del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y que “prácticamente sigue intervenido”, pues las decisiones son tomadas por un consejo interinstitucional y no por la máximas autoridades de la institución.