El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica fijó ayer en 6.4 millones de dólares el daño ambiental causado por el proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas, que nunca llegó a operar y estaba a cargo de la empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold.
Las reparaciones ambientales deberán ser ejecutadas y el dinero pagado, de manera solidaria por la empresa, el Estado costarricense y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según la sentencia.
Entre los daños se destaca la tala ilegal de árboles de almendro, una especie protegida y principal fuente de alimento de la lapa (guacamaya) verde, un ave en peligro de extinción de la que quedan pocas parejas en Costa Rica.
Este caso se remonta al 2010, cuando el mismo Tribunal declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera a la empresa, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
DE “INTERÉS PÚBLICO”
El gobierno del expresidente Óscar Arias (2006-2010) declaró el proyecto minero, ubicado en San Carlos (norte), como de “interés público y conveniencia nacional”.
La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró en 2011 sin lugar una serie de apelaciones de la minera y la Sala Constitucional rechazó otras acciones presentadas por la firma.
Infinito Gold presentó en 2014 ante una oficina del Banco Mundial una demanda de indemnización contra Costa Rica por 94 millones de dólares. Este proceso está detenido por problemas financieros de la empresa canadiense, según medios de comunicación costarricenses.
19.8 toneladas de oro esperaba explotar la empresa, durante los diez años que preveía la concesión. La mina se inició a construir, pero nunca se terminó ni se extrajo material.
