En agosto pasado, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Fundación Intereclesiástica de Cooperación al Desarrollo (ICCO), la Fundación Ford y Heifer International (HPI) me invitaron a participar como organizador y facilitador en cuatro foros regionales. El objetivo de los foros fue promover el diálogo sobre políticas públicas y acceso a mercado con base en experiencias exitosas de inclusión. Los foros se desarrollaron en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Bolivia. Participé de forma directa en los foros centroamericanos, y colaboré metodológicamente con el foro boliviano.
En América Central, los foros se centraron en casos exitosos de pequeños productores, los hortaliceros de Santa María de Jesús, en Sacatepéquez, en Guatemala; los proveedores del sector industrial de lácteos de las Cooperativas Nicacentro y El Congo, en Nicaragua; finalmente, los hortaliceros de Cuscatlán, en El Salvador.
Para analizar los foros, utilicé el marco teórico proporcionado por la doctora Lauren M. Phillips, experta en políticas públicas y acceso a mercados de FIDA. Para ella, las políticas públicas del Estado son favorables para los pequeños productores si cumplen dos condiciones: Que el gobierno muestre un interés político (nivel macro) por la población rural (pequeños productores); que los pequeños productores estén organizados para defender sus intereses, y así, cambiar sus condiciones de participación (nivel micro). A la luz de las discusiones, estos fueron los hallazgos más importantes en los tres países:
En el foro guatemalteco se determinó que el Estado cuenta con políticas públicas bien intencionadas para apoyar a los pequeños productores. No obstante, estos, unánimemente, manifestaron que estas políticas requieren ser evaluadas y calificadas para determinar su efectividad y potencialidad.
Estas políticas deben pasar de políticas de gobierno a políticas de Estado para impactar en los pequeños productores. Sin embargo, estas no son las únicas dificultades que deben enfrentar: el Estado no está asignando suficientes recursos para implementarlas, las instituciones encargadas no están cumpliendo su deber y no están invirtiendo adecuadamente los recursos que el Estado les asigna; finalmente, deben crearse mecanismos para darle seguimientos a las políticas públicas implementadas para evaluar su efectividad.
A nivel micro, los productores guatemaltecos argumentaron que han fallado en demandar del Estado la implementación de estas políticas por su falta de empoderamiento; por la carencia de implementadores con credibilidad y sugirieron que las políticas públicas del Estado deberían surgir de lecciones exitosas. De lo anterior se deriva, que los pequeños productores para tomar decisiones y poder incidir necesitan gremializarse para poder participar y recomendar; solo con mayor organización y asociatividad podrán participar en los planes de trabajo del gobierno local y nacional. En este esquema la participación de los jóvenes y las mujeres se vuelve fundamental.
En el caso de nicaragüenses, a nivel macro, hay coincidencias y diferencias con los productores guatemaltecos. Los productores de lácteos demandan del Estado, fundamentalmente, diálogo y consenso, sobre las propuestas de políticas públicas en temas como: la propuesta de valor, crédito y asistencia técnica, la promoción de la cadena de valor, y la creación de una institución que haga cumplir las reglas definidas y que determine las medidas y certifique la calidad de la leche.
El consenso y el diálogo apuntan a la necesidad de que el Estado nicaragüense consensúe con los pequeños productores las transformaciones del sector rural. Diálogo para solucionar problemas. Para el Estado esto implica ampliar su capacidad institucional para crear y aplicar políticas públicas que atiendan a pequeños y grandes. Únicamente, así se podrá definir una propuesta de valor para impulsar al sector.
A nivel micro, el problema fundamental es la comercialización y el acopio de la leche. La oferta de leche ha crecido diez veces y su comercialización dos. A este tema se agregan dos más: aumentar la productividad (una vaca en Nicaragua produce cuatro litros diarios y en Costa Rica 14) y la calidad de la leche, y la visualización de las labores productivas de los jóvenes y mujeres.
Un tema recurrente en los productores de lácteos nicaragüenses fue el cambio climático para la supervivencia de la ganadería. Propusieron adoptar nuevas tecnologías agrícolas, para la zona tropical y seca, para producir más y mejor alimentación para el ganado, así como cosechar agua. La conclusión fundamental fue: no hay competitividad sin el cuidado del recurso natural.
A nivel macro, los planteamientos de los productores salvadoreños estuvieron centrados en demandar del Estado, el fortalecimiento del diálogo, sobre acuerdos aún débiles, entre Estado y productores. Estos demandaron ayuda especializada para producir productos inocuos, que les suministren semillas mejoradas y que fomente la agricultura ecológica.
Le piden al Estado jugar un papel de articulador en la agricultura, innovación tecnológica, derecho al agua, inversión en tecnología, creación de instituciones certificadoras, promover incentivos fiscales y conocimiento. Aún más, piden que el Estado compre sus productos para los programas sociales (el vaso de leche), compre sus vegetales para cárceles, Policía y Ejército. No conciben el acceso a mercado sin políticas públicas que amplíen la cobertura del Estado a los pequeños productores.
A nivel micro, los productores salvadoreños reconocieron que deben fortalecer sus capacidades empresariales; articular sus organizaciones para incidir al poder político y gestionar sus empresas; trabajar la inocuidad y la productividad de sus productos; formalizar sus empresas; mejorar el acopio; invertir en riego; incorporar a los jóvenes y mujeres en el proceso productivo; promover la filosofía cooperativista y emprendedora y organizarse para hacer propuestas. En otras palabras, la clave de la transformación debe estar en la innovación.
De los foros podemos extraer, que para incluir a los pequeños productores se requieren políticas públicas del Estado. Que su papel mínimo, dentro del Estado neoliberal, está concentrado en definir las reglas del juego de la economía e invertir en bienes comunes como la infraestructura. Que su aproximación a los productores debe ser diferenciada para apoyar la agricultura familiar, para brindar apoyo técnico y reglas e inversión pública para los productores más fuertes. El autor es politólogo
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